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Legislación

Se inicia el debate por la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de la Paz

Funcionarios del Gobierno aseguraron que la oposición no está actuando de forma democrática.

19 de marzo de 2019

José David Castilla


Canal de noticias de Asuntos Legales

Las objeciones del presidente Iván Duque por inconveniencia a la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han causado reacciones contrarias en distintos sectores políticos.

Desde el Gobierno Nacional, tanto Miguel Ceballos (alto comisionado para la Paz) como Marta Lucía Ramírez (vicepresidenta) alegaron que la oposición política se ha centrado en polarizar el debate nacional. Ramírez aseguró que “las objeciones del Presidente no buscan bloquear la Ley Estatutaria”.

Por su parte, los sectores de oposición dijeron que la decisión del Gobierno busca bajarle el ritmo al proceso de paz, con lo que se le está enviando un mensaje negativo a las víctimas del conflicto armado.

El jurista Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, dijo que “el presidente Duque hubiera podido realmente avanzar en la unión de los colombianos sobre la paz, como ha dicho que es su objetivo, si hubiera expresado sus discrepancias frente al proyecto de Ley Estatutaria y la sentencia de la Corte, pero, en vez de presentar las objeciones, hubiera anunciado la búsqueda consensuada de algunos ajustes a la JEP”.

Debido a la complejidad política, jurídica y social del debate por las objeciones, la Cámara de Representantes decidió establecer una comisión permanente para estudiar cada una de las seis objeciones presentadas. Los congresistas que conformaron la comisión son Juanita Goebertus de la Alianza Verde, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, David Racero de Decentes, Carlos Ardila del Partido Liberal, Jaime Felipe Lozada del Partido Conservador, José Daniel López de Cambio Radical y John Jairo Cárdenas del Partido de La U.

El debate por esta normativa se enmarca en medio de múltiples movilizaciones sociales que acudieron a las calles para exigirle al Congreso que no impida la implementación del proceso de paz.

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