Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Teresita Celis - tcelils@larepublica.com.co Jueves, 5 de marzo de 2015

El superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, anunció que el próximo 16 de marzo presentará al Congreso un proyecto de ley con el que pretende endurecer las sanciones económicas y, según dijo, instrumentar algunas de las recomendaciones de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en temas relacionados con la libre competencia.

Antes de 2009 la sanción máxima en Colombia era de $1.000 millones, ahora es de $65.000 millones, que ya ha sido aplicada a empresas como Comcel (Claro) y a las participantes en el esquema de recolección de basuras en Bogotá. Lo que plantea Robledo es que en un sistema único de un monto fijo máximo como sanción, podría resultar para empresas “exageradamente millonarias” sumas irrisorias.

“La Ocde le recomienda a Colombia que adopte distintos criterios a la hora de sancionar que tengan como límite, no una suma máxima de dinero, sino unos porcentajes sobre el patrimonio, las utilidades e ingresos, que permitan que en todos los casos el Estado colombiano esté en la capacidad de sancionar de manera ejemplarizante a cualquier agente del mercado”, sostuvo.

Esto indica que quien infrinja las normas de la libre competencia podría ser sancionado, de convertirse el proyecto en ley,  con un monto fijo límite o sobrepasarlo para acudir a otros criterios que tengan relación con el tipo de empresa a la que se pretende sancionar. Robledo señaló que las multas propuestas son de hasta 20% del patrimonio e ingresos operacionales y hasta  30% de las utilidades operacionales. “Esa es la fórmula que se utiliza en la inmensa mayoría de los países que hacen parte de la Ocde. Una multa de US$30 millones por violar la libre competencia en países desarrollados es ni baja ni alta, es mediana. En Europa hay firmas que han sancionado con 200 o 300 millones de euros, teniendo en cuenta la capacidad económica e infracciones tan graves como aquellas que tienen que ver con la libre competencia”, sostuvo. El Superindustria indicó que con el proyecto de ley, el Gobierno busca mandar un mensaje de que las multas pueden ser tan altas que desincentiven las prácticas restrictivas de la competencia, como la carterización y el abuso de posición de domino, entre otras. Pero además, si alguien viola la ley sea sancionado de manera ejemplarizante.

En este sentido sostuvo que frente a los presuntos carteles como el del azúcar, cemento, pañales y cuadernos, habría al finalizar este semestre los primeros resultados definitivos. “Todos tienen pliego de cargos. Algunos están en etapa probatoria, otros finalizándola. En próximos días llegará al despacho del Superintendente el informe del delegado sobre lo que encontró o no y sus recomendaciones en los presuntos carteles del azúcar y cemento”. Esto indica que en próximos meses habría decisiones sobre ello.