Corte Constitucional exige al Gobierno pruebas que sustenten emergencia por ola invernal

El magistrado de la Corte Constitucional, Miguel Polo Rosero, asumió el estudio del decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica en parte del territorio nacional por cuenta de un frente frío atípico.

Con el fin de adelantar el juzgamiento, Polo Rosero ordenó un masivo recaudo de pruebas en un plazo de cinco días hábiles donde exigía a ministerios, gobernaciones y entidades técnicas que se demostrara con datos exactos la magnitud de la crisis y la insuficiencia de los recursos ordinarios.

Este sería un escrutinio profundo con el cual se determinaría si las lluvias que dejaron damnificados en ocho departamentos podrían justificar la adopción de estos poderes presidenciales excepcionales.

De esta manera, para evaluar la legalidad de la medida, el magistrado ordenó a la Presidencia y a los ministerios entregar todas las pruebas que justifiquen esta decisión excepcional, debido a que señaló que la Constitución "exige examinar su procedimiento de formación, así como su contenido" antes de dar un aval definitivo.

Polo Rosero indicó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia debe certificar "la situación administrativa de las y los ministros que suscribieron el Decreto 0150 de 2026", constatando "si se encontraban en ejercicio de sus funciones en la fecha de su expedición".