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Natalia Cubillo Murcia - ncubillos@larepublica.com.co miércoles, 2 de diciembre de 2015

Hoy, en Colombia, los acuerdos empresariales en licitaciones públicas, no son solo infracciones a la libre competencia, sino que se constituyen como delito. Es por eso que se creó una alianza entre la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, y la Fiscalía General de la Nación para luchar en contra de los acuerdos que dan cabida a la corrupción en los procesos de contratación estatal.

“Con este convenio vamos a intensificar nuestro trabajo y priorizar las indagaciones e investigaciones por cartelización empresarial y otras formas de colusión para defender el patrimonio público que es de todos los colombianos”, dijo el superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo. 

En el convenio institucional se establece la posibilidad de intercambios de información y de elementos de prueba con el fin de que cada entidad pueda realizar sus actuaciones.

Además, se busca que las partes implementen acciones “para conformar grupos de servidores públicos que cumplan con las funciones de policía judicial y apoyarlos en procesos de capacitación, así como de instruir a los funcionarios de la Fiscalía para que colaboren en las investigaciones a cargo de ambas entidades”, aseguró Robledo.

El vicefiscal Jorge Perdomo, aseguró que “esto implica que nos debemos poner de acuerdo en las estrategias de policía judicial, y que en la SIC se hagan las investigaciones cumpliendo los requisitos de cadena de custodia para que las pruebas recaudadas puedan ser usadas en el proceso penal”. 

De esa manera, los contratistas del Estado “tendrán que entender que la lucha contra la cartelización se traslada a las licitaciones públicas que está tipificada como delito hace cuatro años en el Estatuto Anticorrupción”, dijo Robledo.  En la entidad reposan 358 procesos de contratación en investigación que vinculan a 529 empresas y un monto total de $3,2 billones.

En enero de este año, la SIC formuló pliego de cargos a ocho empresas de seguridad privada por colusión en 252 procesos de licitaciones en 149 entidades públicas. En el mismo mes se sancionó con una multa, de algo más de $6.000 millones, a cuatro empresas en el proceso de contratación de la Circunvalar Galeras en Nariño. Por ahora, se construye el camino sobre las licitaciones públicas, pero de consolidarse el debate para aplicar penas privativas de la libertad en acuerdos empresariales que infrinjan la competencia este convenio será más útil para llevar los procesos en conjunto.

Tal y como lo dijo Jorge Sánchez, superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, este año “la Delegatura presentó nueve informes motivados que presentan las conclusiones sobre el mismo número de investigaciones con el fin de que se adopten las decisiones definitivas correspondientes”.

Adicionalmente, según explicó en entrevista con La W, Camilo Burbano, director nacional del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, lo que cambia es que se tiene una articulación más fuerte entre la Fiscalia y la Superintendencia, y el intercambio de información sería absolutamente inmediato. No obstante aclaró, que no todos los casos entrarían en el área de la Fiscalia como delitos.

Por otra parte, las funciones de policia judicial sí las podría hacer la Superintendencia ya que ya está declarado dentro de una facultad constitucional, es decir podrá hacer recolección de evidencia como lo hace el CTI.

Las opiniones

Jorge Perdomo
Vicefiscal General

“Hemos firmado un convenio con la SIC y otras superintendencias para que haya intercambios más rápidos de información y para que se pueda usar el material recaudado como prueba en procesos penales”.

Jorge Sánchez
Superintendente delegado de la protección
“A la fecha, las multas por cartelización ascienden los $360.000 millones y algunas de ellas están pendientes de que se decida el recurso de reposición respectivo. La multas afectan a 27 empresas”.

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