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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co viernes, 22 de marzo de 2013

Basándose en que el fallo del Consejo de Estado, al negar la tutela, en ningún momento establece el monto a ser devuelto por Comcel (ahora Claro) a la ETB, el abogado externo de la primera firma, Augusto Ibáñez, fundamentó el hecho de que no se haya girado el dinero a la empresa capitalina.

“Esto como lo han comunicado equivocadamente algunos medios de comunicación y razón por la cual aún no es posible cumplir el fallo del Consejo de Estado” dijo Ibáñez.

Lo anterior, mediante un comunicado que Claro emitió: “La tutela instaurada por Comcel el 24 de septiembre de 2012 exigiendo el debido proceso y cuestionando la competencia del Consejo de Estado para anular los legítimos laudos de los Tribunales de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que le dieron la razón a Comcel en el 2005, la cual fue negada ayer por el Consejo de Estado ordena que en caso de que no se impugne por parte de Comcel esta decisión, el expediente sea enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

Así mismo, aclararon que Comcel es una empresa respetuosa de la ley y las autoridades colombianas, y de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, agotará todas las instancias judiciales y lo provisto por la legislación colombiana para defender sus intereses.

El alcalde Gustavo Petro, se pronunció en su momento, pidiendo la intervención del presidente Juan Manuel Santos en el caso para que Claro desembolsara el monto que se había ordenado pagar.

Petro también le pidió al Consejo de Estado que cumpla con el fallo del Tribunal Andino de Justicia, que le ordenó notificar a Comcel la nulidad de los tres laudos arbitrales.

El caso se basa en el pago a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) aproximadamente $137.000 millones, esto calculado en 2006. Según los expertos, se debe establecer claramente que el pago debe efectuarse con términos sobre los cuales se hace la conversión a la actualidad.

El Consejo de Estado ratificó los tres laudos. En este caso en particular se estableció que como no se acudió al Tribunal Andino de Justicia, se violó el debido proceso.

En ese periodo se dio al Consejo de Estado 90 días de plazo para que notificara de esa decisión a Comcel. El término se venció el 23 de diciembre del año pasado, y ha sido criticado el hecho de que la Corporación no cumpliera el fallo, pues la compañía celular no ha pagado.

Según los expertos, este tipo de órdenes no pueden ser ignoradas ya que se incurriría en el delito de desacato de orden judicial, que también es castigada por la justicia.

El pleito se trata de un contrato de interconexión de redes y que incluye tarifas de llamadas internacionales.

El contrato se firmó en 1998, y se basó en que ETB pagaría $64,89 por minuto, pero se aumentó el monto debido a que la Comisión de Regulación de Comunicaciones estableció una nueva normatividad referente al tema.

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