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Colprensa viernes, 6 de septiembre de 2013

La audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento a nueve de las 17 personas involucradas en el descalabro financiero de Interbolsa fue aplazada por segunda ocasión, debido a que la firma Interbolsa Holding S.A. buscó ser reconocida como víctima nuevamente. Todavía no se conoce fecha para la nueva visita públca.

Durante la petición de Interbolsa Holding S.A., la jueza 64 con función de garantías explicó que no era posible permitir que fuera reconocida como víctima, porque que esa solicitud ya había sido negada en segunda instancia por la jueza 21 con función de conocimiento.

En su momento, la jueza de segunda instancia argumentó en su decisión que la petición de la comisionista “en ningún momento representa acciones dilatorias, sino que la jurisprudencia vigente no permite que los liquidadores sean representados como víctimas, debido a que este no es el rol que cumplen”.

Eso hizo que la jueza de garantías expresara que “tienen derecho a acreditarse siempre y cuando el poder sea presentado individualmente y no en conjunto con la liquidadora. Fueron los mismos documentos que se presentaron en la oportunidad pasada”. Por eso, se dejó claro que la comisionista no reunió los argumentos para ser reconocida como víctima.

Ante eso, los representantes de la comisionista apelaron la solicitud, alegando que existen nuevas pruebas que permiten inferir que los miembros de Holding S.A. sí resultaron afectados por el actuar de los miembros que llevaron a generar el descalabro financiero de Interbolsa.

Por su parte, la fiscal especializada, Alexandra Ladino Pinzón, hizo un llamado al juzgado para agilizar el proceso, puesto que a la fecha no se ha podido dar inició a la imputación de los implicados, por lo cual requirió no ser tomada en cuenta la solicitud de la Holding S.A.

Sin embargo, sí fueron aceptadas como víctimas la Sociedad Administradora de Inversión (SAI), que administra la Cartera Colectiva Crédito, en la que aparecen unos 4.150 afectados que habrían perdido unos $78.000 millones en la operación Clínica de La Candelaria. En este caso, la jueza reconoció la personería jurídica a la SAI.

Entre las nueve personas que asistieron a la diligencia judicial de este viernes (a las que se les pretendía imputar cargos por los delitos de concierto para delinquir, abuso de confianza, administración desleal y manipulación de acciones), estaban Rodrigo Jaramillo Correa y Alessandro Corridori, considerados ‘cabeza’ de escándalo financiero.

También estuvieron Jorge Infante Niño, Carlos Arturo Neyra Yache, Claudia Jaramillo, María Eugenia Jaramillo, Eduardo Adolfo Colmenares, Luis Andrea Colmenares y Javier Tomas Villadiego que participaron en el mal manejo de dineros de la firma comisionista, haciendo transacciones, al parecer, de manera fraudulenta utilizando incluso instituciones de salud como la clínica La Candelaria.

Según la investigación de la Fiscalía, Alessandro Corridori, inversionista italiano, fue quien se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa textil Fabricato de Medelín, después de que, al parecer, con dinero de los clientes de la comisionista fuera adquiriendo la empresa textilera.

El abogado Jaime Lombana, que defiende los intereses de Rodrigo Jaramillo, había dicho que su cliente podría aceptar algunos de los cargos que la Fiscalía pretende imputarle este viernes.

“Nuestra defensa ha enlistado una serie de aceptación de cargos en algunas conductas”, dijo el abogado y explicó que la decisión se toma debido a una colaboración que se ha venido organizando con la Fiscalía.

Jaramillo es una de las nueve personas, de las 17 implicadas, a las cuales la Fiscalía les imputará los delitos.

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