Colprensa Lunes, 1 de diciembre de 2014

El sindicato de la Fiscalía General de la Nación anunció que interpondrán una serie de tutelas como respuesta a los descuentos salariales que les hizo el Gobierno por cuenta del paro judicial y la no prestación de los servicios.

Así lo expresó Álvaro Márquez presidente de este sindicato quien dijo que ni siquiera la Fiscalía sabe a quién descontarle, pues a unos que se mantuvieron en paro les pagaron, y a otros que trabajaron les descontaron.

“Las tutelas se van a dar en varios sentidos. Personas que trabajaron y que los jefes no certificaron que trabajaron, personas que no trabajamos pero que estamos en la huelga. La huelga hay que respetarla, porque es un derecho constitucional”.

Márquez insistió que están frente a una violación a los derechos laborales y que todo esto será denunciado ante los organismos internacionales.

Según los informes del sindicato de la Fiscalía estas primeras tutelas fueron presentadas en ciudades como Valledupar, Santa Marta, Barranquilla y Medellín.

Entre tanto, la órgano judicial aseguró que no habrá reembolso para los funcionarios que dejaron de trabajar por estar pendiente del paro judicial, así recuperen el tiempo perdido.

Recursos de seguridad ciudadana
Con una inversión de $200.000 millones el ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó este lunes un plan de videovigilancia que busca mediante sofisticadas cámaras de seguridad y nuevas medidas tecnológicas, hacer de las ciudades capitales del país las más seguras al finalizar el cuatrienio.

Desde el distrito de Aguablanca en Cali, el jefe de la cartera Política aseguró que el proyecto de videovigilancia “con más tecnología y más videocámaras: vive seguro, vive en paz”, permitirá descentralizar la seguridad y priorizar la acción de la fuerza pública.

El Gobierno estima que al finalizar este cuatrienio se cuente con 7.037 cámaras de seguridad en 30 ciudades capitales, logrando así la dotación y cobertura total en seguridad y videovigilancia. Bogotá y Medellín son las otras dos ciudades que tendrán un plan distinto de seguridad, al concentrar un gran porcentaje de la comisión de delitos. “Antes del Gobierno del presidente Santos había menos de 1.000 cámaras en todo el país, durante su primer mandato han sido instaladas 4.375 cámaras más y seguiremos instalando para que no haya un solo punto crítico de las capitales del país sin vigilancia”, aseguró el jefe de la cartera Política.

El plan que lanzó el gobierno se suma al plan de choque que se implementa en 12 ciudades capitales, y que pretende combatir cerca de seis delitos específicos en cada ciudad. La cobertura contempla 7.037 cámaras de seguridad, 30 ciudades capitales y 400 municipios, cuya finalidad es combatir la inseguridad ciudadana en todo el país.

“Hemos visto en el transcurso de estos años que las cámaras son un instrumento muy eficaz para combatir el microtráfico, la extorsión, el robo a celulares y otros delitos que tanto daño hacen al ciudadano de a pie y generan sensación de intranquilidad”, dijo Cristo.

A su turno el alcalde Cali, Rodrigo Guerrero, manifestó que la capital vallecaucana ha sufrido problemas serios de inseguridad y aunque los índices mejoran, “necesitamos hacer más por los caleños”. En ese sentido destacó que en la ciudad se han presentado 234 homicidios menos que el año anterior, mientras que se ha incrementado la inversión para prevenir y disuadir el crimen en el Valle.

Con el propósito de asegurar los recursos para garantizar la seguridad ciudadana, Cristo espera que esta semana la plenaria del Senado apruebe la prórroga de la ley 418 de orden público.