Jorge Enrique Robledo Lunes, 9 de diciembre de 2013

A la hora de redactarse este artículo, está por hundirse la reforma a la salud. Hundirse en el sentido de que el Gobierno no se atrevió a dar la orden de aprobarla en la Cámara este semestre, con la esperanza de poderla aprobar entre marzo y junio del año entrante. Pero habrá que ver si lo que la Unidad Nacional no se atrevió a votar ahora, porque le teme a sus efectos sobre las elecciones que se avecinan, sí será capaz de hacerlo en 2014. 

Porque las elecciones presidenciales se realizarán el 25 de mayo y nada indica que la mayúscula oposición a ese engendro desaparezca para esa fecha, por lo que una decisión de Santos a favor de las EPS le amenaza su reelección. Y tampoco les quedará fácil votar la reforma en menos de un mes, entre el 26 de mayo y el 20 de junio, día en el que terminan las sesiones del Congreso, porque ello también podría ocurrir durante la segunda vuelta presidencial y les tocaría ‘ferrocarrilear’ de la forma más burda el proyecto. 

Como lo ha tenido que reconocer hasta el muy desgastado ministro Alejandro Gaviria, la capacidad de maniobra del santismo saltó en añicos ante el movimiento de las Batas Blancas -médicos, estudiantes de medicina, enfermeras y demás trabajadores de la salud- que ha encabezado el rechazo nacional al objetivo de Santos y sus partidos de reencauchar y mejorarles el negocio a las EPS -que ya no harían ganancias sobre 20 billones de pesos sino sobre 30-, mediante el ridículo ardid de cambiarles el nombre. 

También acrecentó la indignación saber que llamar al POS de otra manera -Mi Plan- era otro acto calculado para engatusar a la ciudadanía y mantener recortado el derecho a la salud, con lo que seguirá la enfermedad y la muerte por males que la medicina sabe prevenir y curar. 

Así mismo ha causado especial irritación el ataque a la tutela, ataque que también va oculto en la ley estatutaria de la salud que la Corte Constitucional debe declarar contraria a la Carta. Y llenó la tasa de las Batas Blancas y del país el convencimiento de que la reforma mantiene la presión a favor de unas relaciones laborales inicuas y no resuelve sino que agrava el agudo problema de las deudas de las EPS a las IPS públicas y privadas. 

El país les expresa su reconocimiento a los trabajadores y estudiantes de la salud por lo valeroso y esforzado de su movilización. Y estos deben hacer conciencia de que si ellos se oponen no habrá proyecto de ley retardatario que pase, conclusión que también debe llevarlos a entender que la reforma que se requiere con urgencia solo será posible en la medida en que no dejen de encabezar la lucha de toda la nación por terminar con un sistema que les permite a un puñado de parásitos financieros -las EPS- echarse al bolsillo la plata que necesitan la salud y la vida de los colombianos. 

Coletilla uno. Lo peor del caso Lizarralde es la siguiente voltereta: con una teoría deleznable, el Consejo de Ministros no aceptó la recusación a Alejandro Gaviria por sus vínculos con Sura EPS, a través del Banco de Colombia y del Grupo Empresarial Antioqueño. Pero en su doctrina explicó que si hubiera sido miembro de la junta directiva de esa EPS, sí habría tenido que declararse impedido para presentar el proyecto de ley de reforma a la salud, porque se lo prohibía la Ley 1437 de 2011. 

No obstante, ante la recusación a Lizarralde en relación con la ley Urrutia sobre baldíos -que de manera evidente favorece a Indupalma, empresa de la que fue gerente- el Consejo de Ministros explicó que no la aceptaba porque había decido cambiar la doctrina que sostuvo sobre Gaviria y Sura, pues ahora considera que la presentación de un proyecto de ley no es un acto administrativo sino político (!). Así, con qué cinismo, autorizó que el ministro de Agricultura presentara la ley de baldíos a sabiendas de que beneficia a Indupalma, porque -dice- la Ley 1437 no lo prohíbe en este caso (!). En otro país, tiembla el Gobierno por una doctrina hecha a la medida del compadre. En el Principado de Anapoima no pasa nada (http://bit.ly/1gcKpqH).

Coletilla dos: Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos prometieron que las tan cacareadas 100 mil viviendas calculadas para engrasar la reelección se entregarían en 2013. Pero al 15 de noviembre pasado, según reporte del Ministerio de Vivienda, apenas habían entregado 10.352, el muy escaso diez por ciento, cifra que prueba que faltaron a la verdad a sabiendas o la incapacidad para cumplir con una promesa en realidad de menor cuantía: construir 25 mil viviendas anuales durante cuatro años. Y el ministro Luis Felipe Henao salió a faltar a la verdad y a injuriarme -cero y van tres ministros en lo mismo- porque hice de simple notario, con todas las pruebas, de otra promesa incumplida (http://bit.ly/1gKlbxk).