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José David Castilla miércoles, 27 de marzo de 2019

De 100 acusaciones directas en la fiscalía, 44 terminan en absolución

El caso de Adriana Sobrero es un ejemplo sobre la ausencia de reparación que reciben las personas que son afectadas por una conducta delictiva. Esta mujer de 31 años, fue atacada en el parqueadero de su casa en el barrio Rosales, por tres criminales que se robaron su camioneta y le dispararon sin importarles que la mujer estuviera embarazada.

 

 

Gracias a los esfuerzos médicos lograron salvar a su hijo, pero a ella la diagnosticaron con cuadriplejia. Según el historial de la víctima, tuvo que acudir a tratamientos especializados en el extranjero.

Pese al papel que jugaron las autoridades para capturar a los delincuentes, después de todos los trámites procesales, los capturados obtuvieron beneficios de penas y realizaron preacuerdos con la Fiscalía, con lo que lograron reducir su condena casi que a la mitad. Mientras tanto, Sobrero sigue en tratamientos para recuperarse tanto física como psicológicamente.

El caso de Sobrero es un ejemplo que se repite sistemáticamente en todo el proceso penal. Algunos expertos han señalado que existe una crisis de impunidad, en el que los delincuentes no pagan las penas respectivas y tampoco hacen una reparación integral para las personas que se ven afectadas con sus conductas.

Según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), tan solo se registra que hay efectividad en 4% de las causas penales. Además, de cada 100 acusaciones directas que realiza la Fiscalía, cerca de 44 terminan en absolución.

Mauricio Pava Lugo, miembro de la comisión de expertos de la CEJ, explicó que el problema en esta sensación de impunidad se relaciona con la participación de las víctimas en los procesos, más que en el incremento punitivo.

“La clave está en que las penas no sean falibles, esto implica que la justicia sea efectiva, que atrape al delincuente y le imponga una pena para que la amenaza sea una promesa cierta (…) La clave está en la efectividad de la justicia, no en el aumento de penas”, explicó Pava.

Por su parte, el penalista Ricardo Calvete, aclaró que el problema en esta sensación de impunidad es la falta de respuesta del Estado ante las víctimas.

Calvete opinó que “no puede considerarse como impunidad cuando el Estado actúa, investiga y condena a un criminal. El reto es hacer una reparación efectiva, ya sea de forma económica por los perjuicios causados o de forma simbólica con actos de perdón y reconciliación”.

Sin embargo, los indicadores mundiales han venido alertando sobre el incremento en los índices de impunidad en Colombia. Según estadísticas de Naciones Unidas, nuestro país tiene uno de los índices de impunidad más altos de todo el mundo: 75,6%. Un estudio publicado por la Universidad de Las Américas en México, detalló que los elementos que contribuyen al desarrollo de impunidad global son: deficiencia estructura de investigación criminal e inseguridad jurídica.

Además de esta crisis de impunidad sobre las conductas investigadas, hay una crisis en el sistema penal, donde se prima al delincuente por decir la verdad o ahorrarle esfuerzos administrativos al Estado.

El problema es que, con tantas rebajas de pena, los investigadores han dejado de lado a las víctimas, lo que ha provocado una crisis de impunidad que se ha extendido a todas las esferas de la sociedad.

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