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  • Adriana Carolina Leal Acosta

miércoles, 30 de octubre de 2019

Entre las alcaldías de las capitales y las gobernaciones la suma ascendería a $68.380 millones. Se beneficiarían 248 participantes.

El Estado podría llegar a pagar más de $68.380 millones a los candidatos de las alcaldías de las ciudades capitales y de las gobernaciones que alcanzaron 4% de los votos, en el cargo al que se presentaron, para las elecciones del pasado domingo.

Lo anterior, como consecuencia de la denominada reposición de votos, una medida con la que se busca retribuir económicamente los montos que cada candidato invirtió durante su campaña, siempre y cuando declaren cuáles fueron los gastos y hayan obtenido el mínimo de votos mencionado.

Según un sondeo realizado por Asuntos Legales, con base en los resultados electorales, 139 candidatos de las 32 alcaldías de las capitales del país que se disputaron -incluyendo a los ganadores- adquirieron el derecho a recibir dinero por reposición.

Así las cosas, la suma para este grupo podría ser de $17.292 millones, teniendo en cuenta que según la Resolución 0259 de 2019, cada voto para alcaldías y concejos municipales, equivale a $2.195 y que, los votos de los candidatos que estuvieron por encima de 4% fueron $7,8 millones.

En cuanto a las gobernaciones, el monto en conjunto podría llegar a $51.095 millones, dado que, en ese caso, 109 candidatos superaron el umbral y que, según lo estipulado por la norma, los votos tanto para gobernadores como asambleistas, cuestan $3.642.

En las alcaldías, Claudia López, de Bogotá, sería la que más recibiría dinero, con $2.433 millones; seguida por Jaime Pumarejo (Barranquilla), con $678 millones; y Jorge Iván Ospina (Cali), con $654 millones.

En cuanto a las gobernaciones, el listado lo puntea Clara Luz Roldán González, gobernadora electa del Valle, con $3.442 millones; seguida por Aníbal Gaviria (Antioquia), con $3.028 millones y Elsa Noguera (Atlántico), con $2.500 millones.

Cabe aclarar que los candidatos no pueden recibir más dinero del que demuestren que gastaron en campaña, por lo que no obtienen ganancias.

Sin embargo, Gabriel Angarita, coordinador de Asuntos Públicos y Transparencia de la Misión de Observación Electoral (MOE) explicó que no existe una auditoría real para constatar lo que reportan los candidatos pues, según el experto, solo mostrando el libro de cuentas, es suficiente.

“Se puede decir que en este aspecto se confía en la buena fe de los candidatos porque no existe una institución que honestamente haga el trabajo de constatar que lo que dicen las facturas es verdad o, incluso, que esas facturas son reales. Otro problema es que en el país no existen estudios que den una referencia sobre cuánto cuesta una campaña electoral y se desconoce, de forma pública, con base en qué el Consejo Nacional Electoral hace las cuentas para calcular cuánto se debe pagar por cada voto en el proceso de reposición”, aseveró Angarita.

De hecho, en un informe de la MOE luego de las elecciones de 2015, se determinó que durante esos comicios los candidatos habían gastado más de lo que les habían dado por reposición. En concreto, se determinó que mientras se gastaron $205.000 millones, les devolvieron $35.000 millones. Lo que indicaría que en esa oportunidad, se hicieron campañas ‘a pérdidas’.

Sanciones

Cabe señalar que los candidatos tienen hasta el próximo 27 de diciembre -dos meses después de elecciones- para reportar sus gastos, dado que en el último reporte, de 24 de octubre, solo 41% de los partícipes a alcaldías y 80% de los posibles gobernadores, lo habían hecho. A esa fecha, registraban gastos por $161.600 millones.

No concretar ese trámite es considerado un delito electoral en el que, aunque no tiene cárcel, se puede imponer una sanción administrativa de tipo económico.

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