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Gerson Beltrán Franco - gbeltran@larepublica.com.co lunes, 28 de noviembre de 2016

De acuerdo con la SIC, las dos empresas con pliego de cargos están relacionados con el Ministerio de Cultura que alertó en 2014 que las compañías  se habrían puesto de acuerdo para estructurar y elaborar conjuntamente las ofertas que presentaron en la licitación pública de la cartera  falseando la libre competencia económica en procura de obtener ilegalmente la adjudicación del contrato.

Fue entonces cuando Proyectar salió ganadora de la licitación para el arreglo de Casas de Cultura de Dagua (Valle) y Puerto Triunfo (Antioquia) y se quedó con un contrato de $1.115 millones. 

Ahora las personas jurídicas se exponen a multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir una cuantía cercana de $68.945 millones, mientras que las personas vinculadas al caso (Henry Losada Vélez, Diego Luis Ocampo Giraldo, Rubén Darío Solarte Buitrago), se enfrentarían a una sanción económica de 2.000 Smlmv,  es decir un  monto que se aproximaría a $1.378 millones. También podrían tener  una sanción con pena privativa de la libertad de hasta 60 meses. Los resultados de esta indagación se conocerían en ocho meses.

De acuerdo con Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, “en el caso de la cartelización o colusión y otras prácticas anticompetitivas hemos venido dando resultados, pero aislados, y por eso hemos diseñado una estrategia que será prioridad institucional en 2017 que es el Grupo Elite contra las colusiones que trabaja de forma coordinada con la Fiscalía General”.

De acuerdo con Jorge Enrique Sánchez, delegado para la libre competencia la colusión es una cartelización pero que en vez de ocurrir en un mercado cualquiera ocurre en el marco de una contratación pública.  “Lo que diferencia de otras cartelizaciones que se han investigado como por ejemplo la de los pañales, es que este ofrecía bienes y servicios al público de manera directa. En las colusiones en licitaciones públicas el adquirente o consumidor de esos bienes y servicios es el Estado, lo que hace más delicado el tema porque está en riesgo el presupuesto de la Nación y por eso puede haber responsabilidad sancionatoria y penal”, resaltó Sánchez.

Robledo puntualizó que el Estado tiene derecho a contratar con los mejores y en las mejores condiciones y eso lo garantiza la libre competencia. Además agregó que “un cartel en una licitación atenta contra ese derecho del Estado. Cuidar la libre competencia en una licitación es cuidar la plata de  los colombianos”.

Antecedentes

Cabe recordar que son varios casos que la SIC ha intervenido. Uno de ellos cuando fue cuando la entidad impuso sanciones por más de $6.000 millones  a las firmas de Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A., Gisaico S.A., Estyma S.A., y a varias personas naturales. ¿El motivo? Haberse cartelizado en una licitación pública adelantada ante el Invias, cuyo objeto era la reconstrucción y repavimentación de la vía Circunvalar -Galeras,  en el sector de Sandoná, en el departamento de Nariño.

La opinión

Pablo Felipe robledo
Superintendente de industria y comercio

“Hemos diseñado una estrategia que será prioridad institucional en 2017, que es el Grupo Élite contra las Colusiones que trabajará de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación”.

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