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Judicial

La Fiscalía acusa formalmente a exalcalde de Tunja por irregularidades contractuales

El proceso coincide con el fallo del Consejo de Estado que había anulado su elección por una inhabilidad derivada de contratos con la Uptc

15 de abril de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


Mikhail Krasnov
Colprensa
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La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra el exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública. El ente acusador también vinculó al proceso a la exdirectora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán, a la exgestora social, Sara Catalina Pedraza, y al particular Miguel Ángel Ruiz Suárez.

La investigación sugiere que los implicados coordinaron la vinculación contractual del abogado Juan Sebastián Ramírez García para obtener el retiro de una demanda de nulidad electoral contra el mandatario. Según las pruebas recolectadas, se suscribió inicialmente un contrato por $19,8 millones que no se ejecutó, seguido de un segundo convenio con la empresa pública Ecovivienda por un valor superior a $54 millones.

El ente judicial sostiene que estos trámites contractuales se realizaron de manera coincidente con el retiro de la acción legal que cuestionaba la elección de Krasnov en 2023. Asimismo, el organismo investigador señala que el exalcalde habría presionado al entonces gerente de Ecovivienda para agilizar la contratación y obtener documentos que lo eximieran de responsabilidades legales.

Este proceso penal se desarrolla de forma paralela a las decisiones administrativas previas sobre su permanencia en el cargo. En marzo de 2026, el Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Krasnov tras determinar que se encontraba inhabilitado para participar en los comicios de octubre de 2023.

La inhabilidad establecida por el alto tribunal se originó por la suscripción de un contrato entre Krasnov y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en diciembre de 2022. Esta relación contractual con una entidad pública ocurrió dentro del año anterior a la jornada electoral, lo que contraviene la normativa vigente para aspirantes a cargos de elección popular.

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