Gerson Beltrán Franco - gbeltran@larepublica.com.co Domingo, 18 de diciembre de 2016

Sin embargo, se debe aclarar que la capacidad sancionatoria para cada entidad es distinta por ley, lo que quiere decir que unas pueden cobrar más que otras a personas jurídicas y naturales. Teniendo eso en cuenta, se puede decir que la SIC logró el primer puesto, ya que en número se sanciones impuso multas a 1.530 empresas y personas naturales que ascendieron a $550.000 millones. 

Según informó la Superindustria las sanciones fueron en su mayoría “por concepto de violaciones al Estatuto del Consumidor, al régimen de libre competencia económica, a las normas de protección de datos personales, también por no cumplir con los reglamentos técnicos y la metrología legal o por demandas que llegaron a la Entidad”.

De acuerdo con Armando Guío, asociado de la firma Philippi Prietocarrizosa & Ferrero DU & Uría, en el caso específico de la Delegatura de protección de datos, está la posibilidad de imponer sanciones que pueden considerarse como suficientes por el momento. 

“Este es un tema relativamente nuevo para el sector comercial e industrial colombiano y se está empezando a generar una consciencia sobre el mismo. Por esta razón, imponer sanciones económicas hasta por 2000 salarios mínimos mensuales vigentes es una herramienta de enorme valor, que la entidad debe saber utilizar para generar importantes precedentes en la materia”, señaló el experto.

Sin embargo, Guío indicó que debe considerase que la sanción no es el único mecanismo disponible y que muchos otros tiene que empezar a utilizarse de manera simultánea. El poder sancionatorio tiene efectos importantes pero limitados en este tipo de temas.

La capacidad sancionatoria de la SIC sobre las empresas es de $70.000 millones, mientras que la personas es de $1.400 millones. 

En esta Entidad también se destaca que las principales multas durante el año fueron las de los casos de carteles de papel higiénico, pañales y cuadernos.

De acuerdo con el sondeo de LR, basado en la información suministrada por las entidades, la Supersalud, al 30 de noviembre de 2016, puso 1.349 multas por una cuantía de $64.970 millones. 

En el mismo periodo la Superintendencia de Puertos y Transporte informó que realizó 15.223 investigaciones, de las cuales se colocaron 2.721 multas por un valor de $29.216 millones. Esta entidad tiene una capacidad sancionatoria de 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

Por su parte, la Supersociedades señaló que durante el año impuso sanciones por montos cercanos a los $20.000 millones; cifra superior en $4.000 millones a las multas que logró en 2015. 

En el caso de la Superfinanciera se llegó a 17 multas por un valor de $2.952 millones. De lo anterior se debe decir que siete quedaron en firme por  $709 millones. 

Cabe resaltar que en el caso de la Superservicios este año una de las mayores multas se impuso a Electricaribe por $5.000 millones. A su vez, algunos casos especiales de la Supersubsidios fueron Comfacor, Comfaca, Comfacesar. Entre enero y septiembre en su informe de gestión resaltaron que se realizaron 17 investigaciones, se impusieron 10 sanciones y hubo 6 exoneraciones. 

En cuanto los casos de alto impacto en la Supersolidaria destacan Estraval, Sociedad Elite y Saludcoop.

Para José Federico Ustáriz, socio de Ustáriz & Abogados, las sanciones son muy importantes para el ejercicio de las superintendencias, pero recalcó que faltan más herramientas para que los procesos sean más rápidos y efectivos.

“No estaría demás a través de un proyecto en el Congreso que se le den un poder más amplio para que ellos puedan tomar sanciones jurídico administrativas para imponer justicia también.  Esto sin que se sobrepasen y se salgan de la ley”, dijo.

Las opiniones

Armando Guío 
Socio de Philippi Prietocarrizosa 
“El poder sancionatorio es una herramienta útil que permite generar atención sobre ciertas prácticas y conductas que ponen en peligro elementos de mucho valor para la sociedad”.

José Federico Ustáriz
Socio de Ustáriz & Abogados 
“El poder sancionatorio que tienen las superintendencias está bien, pero no está de más darles algunos dientes para que su gestión sea más rápida y efectiva para las sanciones jurídico administrativas”.