Supersociedades multa a nueve empresas con $275 millones por falta de reporte financiero
Se le abrió un proceso por no revelar su condición de controlante a través de firmas extranjera y afectar la transparencia del sector
13 de abril de 2026
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La Superintendencia de Sociedades de Colombia impuso multas que ascienden a un total de $275 millones contra Fernando Vicente Gallego Martínez por el incumplimiento de las órdenes emitidas por la autoridad de supervisión en el ejercicio de sus funciones legales. El sancionado actúa como representante legal de nueve entidades distintas, entre las que se encuentran Entorna S.A.S. y la Fundación Amparo + House.
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La decisión administrativa se fundamenta en la omisión en la entrega de documentos sociales requeridos por la entidad estatal. Específicamente, el representante legal no remitió de manera completa ni oportuna los libros de registro de acciones, las actas de reuniones de los órganos sociales y la información financiera de las empresas mencionadas.
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Estos requerimientos son herramientas para evaluar la situación real de las compañías y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Además de las multas, la Superintendencia formuló un pliego de cargos contra Gallego Martínez por no declarar su condición de controlante en el registro mercantil. Según las investigaciones, el control se ejercería presuntamente a través de las sociedades de origen español FG Limitada y Entorna Real Estate Group Sociedad Limitada. Esta omisión contraviene lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995 sobre la transparencia en las estructuras de propiedad empresarial.
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La mayoría de las empresas involucradas en estas actuaciones administrativas pertenecen al sector de la construcción. Entre las entidades citadas en el reporte oficial se encuentran Beneixama S.A.S., Torrella S.A.S., Mashouse Administradora S.A.S. y Desarrolladora Los Andes S.A.S. en Liquidación, además de las promotoras Nuevo Horizonte Tabor y Promotora Soledad. La autoridad subrayó que la información societaria es relevante para los diversos grupos de interés que interactúan con estas organizaciones.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, manifestó que los administradores tienen la obligación de cumplir con las disposiciones legales y las instrucciones de la autoridad para mantener los estándares de gobierno corporativo. La entidad reafirmó su compromiso de continuar con la supervisión preventiva y correctiva para asegurar la transparencia en el tejido empresarial del país. Las actuaciones administrativas seguirán su curso conforme a los trámites legales establecidos
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