• Laura Vita Mesa lvita@larepublica.com.co

jueves, 1 de octubre de 2020

La Procuraduría suspendió por 12 meses a Rosa Cotes de Zúñiga (2016 – 2019) y a Luis Miguel Cotes Habeych (2012 - 2015)

La Procuraduría General de la Nación suspendió por 12 meses a la exgobernadora de Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga (2016 – 2019), y al también exmandatario departamental, Luis Miguel Cotes Habeych (2012 - 2015), tras encontrar irregularidades en la ejecución de la Vía de la Prosperidad, con más de $466.000 millones comprometidos. Además, deberán pagar una multa de más de $100 millones.

El Ministerio Público determinó que los exgobernadores violaron los principios de responsabilidad que rigen la contratación estatal y la eficacia de la función administrativa. Esto, dijo, "ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena, que se ejecutaría a través del Contrato de Obra 617 de 2013".

El ente de control estableció que hubo fallas técnicas en la planeación de la obra, que se hizo con estudios y diseños con cinco años de desactualización, por lo que no se tuvieron en cuenta variaciones como las ocasionadas por la ola invernal de 2010 y 2011. Además, señaló que se usó un presupuesto "desfasado y sin sustento", con modificaciones que aumentaron los costos, y que la reducción en el alcance de la obra, que pasó de 52,6 km a 18,3 km, se debió a fallas en la planeación.

“La gobernación de Magdalena entrega una vía que no es funcional, un proyecto que no fue finalizado, la ausencia de procesos contractuales en curso para continuar la vía, tanto en diseños como en obra, y acorde con los términos del acta de liquidación del 10 de diciembre de 2019, se deduce que la obra empleó el doble de tiempo al inicialmente pactado, para entregar solamente 18 kilómetros de los 52 inicialmente planeados, todo ello a causa de la deficiente planeación en la dirección de la actividad contractual”, dijo la entidad.

“Adicionalmente, se observa que la vulneración de los citados principios de la función pública por parte del servidor público no solo compromete los fines públicos perseguidos por la contratación, atados al bienestar colectivo de las personas y de la región que se buscaba impactar favorablemente con el proyecto, sino que de paso se lesionan los derechos, intereses y expectativas de esas comunidades”, agregaron desde el Ministerio Público.

Por estas razones, y otras adicionales, la Procuraduría determinó que las faltas cometidas por los exgobernadores fueron "gravísimas a título de culpa grave, por la falta de diligencia, cuidado y eficacia en la adopción de decisiones que se esperan de un administrador y gobernante de un ente territorial, quien tiene a su cargo la dirección de la actividad contractual y el manejo de bienes ajenos que le fueron confiados por la nación y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Regional Caribe".

El ente de control, además, expidió copia del fallo a la Fiscalía, para que esta investigue si se configuró el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.