Defensoría del Pueblo

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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co miércoles, 19 de agosto de 2020

Carlos Negret termina su periodo como Defensor del Pueblo el 1 de septiembre, cuando asumirá el cargo Carlos Camargo

El país ha visto en las últimas semanas un recrudecimiento de la violencia, especialmente en zonas como Nariño y Valle del Cauca, donde se han presentado masacres. El saliente Defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo en Inside que hay que generar condiciones que permitan a los empresarios invertir en esas zonas para sustituir los cultivos de hoja de coca por otros lícitos y rentables.

Hemos visto en los últimos días como la violencia se ha recrudecido en algunas partes del país, como Nariño. ¿Han visto un incremento de los grupos armados en este periodo, y cómo está la situación en materia de derechos humanos?

Cuando se asesinan a los jóvenes del país, como ocurrió en Llano Verde y en Samaniego, uno se tiene que preguntar qué está pasando, pero esto no es nuevo. Esa zona está sembrada de hoja de coca y tenemos que trabajar en darle seguridad a los empresarios para que puedan ir a esas zonas y producir cultivos lícitos. Si el empresario no funda empresas no va a generar empleo, si no generamos empleo no va a haber desarrollo, y eso es lo que ocurre en esas zonas, que no hay inversión social.

¿Cuál he sido el papel de la Defensoría en el asesinato de líderes sociales y excombatientes?

La cifra debe ser lo de menos, pero al 30 de abril era cercana a 645 líderes sociales. La zona del Andén Pacífico tiene muchas dificultades porque es una zona de transporte y cultivo de hoja de coca, eso genera controles territoriales de todos los grupos armados. Lo único que les interesa es el lucro en dos economías ilegales: la del narcotráfico y la de la minería ilegal del oro.

El ELN propuso un cese al fuego bilateral por 90 días para ayudar a enfrentar la pandemia, ¿cree que es momento para reabrir las negociaciones de paz?

Con el ELN tenemos que tender puentes, pero tienen que hacerse con una buena estructura: cero reclutamiento, extorsión, amenazas y secuestros. Si el ELN se sienta con esas cuatro premisas, creo que el Gobierno y la sociedad van a permitirlo.

El programa de crédito de la Defensoría del Pueblo y el BID representa una inversión de alrededor de US$18 millones en cinco años, ¿cómo se invertirán esos recursos?

Este crédito es para modernizar los procesos de la entidad y la creación y adopción de herramientas tecnológicas, especialmente en terreno. También había que generar buenas prácticas organizacionales, que deben venir al sector público, y con este proyecto vamos a volver esta entidad totalmente digital y virtual.

La nueva sede de la Defensoría costó $65.000 millones, recursos que salieron del Presupuesto General de la Nación. ¿De qué consta la edificación y qué capacidad tiene?

El edificio tiene siete pisos, casi 13.000 metros y 100 parqueaderos. Son espacios mucho más amplios, aunque muchas personas seguramente no volverán a la oficina, porque creo que el teletrabajo llegó para quedarse en la entidad. Además, tenemos cosas que no tienen muchas entidades, como un auditorio de 400 personas, zonas de lectura, una plazoleta de derechos humanos, todo el edificio tiene sistema de voz de datos y potencia de última tecnología, medios de transporte interno, sistema centralizado de aire acondicionado, siete salas de conferencias, una en cada piso, y una gran sala de derechos, que en otras entidades se llama la sala de crisis. Estamos equipados para hacer reuniones presenciales o remotas con equipos de tecnología de punta.

LOS CONTRASTES

  • Jorge Armando OtáloraExdefensor del Pueblo

    Tener una nueva sede digna, actualizada y moderna es importante, no solamente para los funcionarios, sino para poder atender dignamente a los usuarios

¿Qué cantidad de recursos de la Defensoría provienen del Presupuesto y cuántos de la cooperación internacional? ¿A qué se destinan?
Tuvimos en estos cuatro años US$10 millones de cooperación internacional. Nuestro presupuesto en 2016 era $453.000 millones, para el año entrante está totalmente financiado en $596.000 millones, es decir, tuvimos un crecimiento de 32%. Estos recursos se han usado para crear tres regionales adicionales, Soacha, Tumaco y Pacífico, en Buenaventura. Hoy, además, tenemos dotación de lanchas para ir por todo el Pacífico, Amazonía y Orinoquía. También adquirimos sedes nuevas, como Caquetá, Meta y Sucre.

¿Cuál ha sido el trabajo de la Defensoría en materia de derechos humanos de los venezolanos?
Presentamos un proyecto de ley en el Congreso para que los niños de padres venezolanos nacidos acá no fueran apátridas. Según cifras de Acnur, gracias a ese proyecto hemos logrado el registro de casi 50.000 niños ciudadanos colombianos que tienen padres venezolanos.

¿Cómo ve la problemática del hacinamiento en las cárceles?
La situación de hacinamiento es muy grande. La criminalidad en Colombia está creciendo y hay que buscar mecanismos que permitan prevención porque en las cárceles desafortunadamente no hay resocialización. Cuando hay hacinamiento sí hay violación de derechos humanos y se necesita una política criminal en la que no todo dé cárcel.

EL PERFIL

Carlos Negret es abogado de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X El Sabio de España. A lo largo de su carrera, ha trabajado en el Incora y ha sido secretario general del Banco Colpatria. Además, se ha desempeñado como conjuez y Cónsul de Colombia en Chicago. También ha sido asesor de instituciones como el Icbf, el Invías y la Contraloría y ocupó el cargo de secretario general en el Partido de La U. Se posesionó como Defensor del Pueblo en 2016 y dejará su cargo en la entidad el próximo 1 de septiembre, cuando asuma Carlos Camargo.

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