sábado, 30 de septiembre de 2017
Alessandro Corridori, protagonista del descalabro de interbolsa, lidera la lista
RCN Radio dio a conocer un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el que se destacan los casos de las acciones legales instauradas contra la Nación por parte de protagonistas de hechos de corrupción. El informe resaltó, además, que la Rama Judicial aparece como uno de los sectores con más acciones legales, con 28.013 demandas en su contra, y cuya pretensión alcanza $55 billones.
Al respecto, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, advirtió que no se va a conciliar con ninguno de los 10 implicados en casos de corrupción. “Actualmente la Fiscalía tiene cerca de 15.000 procesos por $17 billones, entonces, no solamente esta gente ha actuado en casos de corrupción, ha indignado al pueblo colombiano, le ha extraído los recursos, sino que además pretende demandar nuevamente para seguir con esta extracción por lo menos inmoral de plata de todos los colombianos”, dijo Vélez en entrevista con RCN Radio.
De acuerdo con los reportes judiciales, en estos casos la causa más frecuente y costosa por la que están siendo demandas las entidades de la Rama Judicial son las privaciones injustas de la libertad.
La lista revelada es encabezada por Alessandro Corridori, ciudadano italiano considerado uno de los cerebros del descalabro de Interbolsa, que perjudicó a los acreedores con la manipulación deliberada de las acciones de Fabricato. Corridori tiene tres demandas contra la Superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En ellas alega una supuesta violación al debido proceso y una omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control, por las que pretende que la Nación pague la suma de $122.236 millones.
Le sigue el expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Antia. El exdirectivo demandó a la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia Nacional de Salud porque, según él, no se le permitió declarar antes de ser imputado y ello le está generando grandes perjuicios económicos. Por las demandas, Palacino, quien responde en indagatoria ante la Fiscalía por la supuesta apropiación de más de $300.000 millones, espera recibir $40.910 millones.
Le sigue Enrique Dávila Lozano. El ingeniero tiene una demanda contra la Contraloría General, entidad que lo condenó fiscalmente como interventor en las irregularidades detectadas en la concesión para la construcción de la doble calzada Bogotá - Girardot. El interventor, argumentando que este acto administrativo fue ilegal, pretende una pago por $9.800 millones.
Otros nombres que sobresalen son los hermanos Miguel y Manuel Nule Velilla, condenados por el carrusel de los contratos en Bogotá; y Pablo Ardila Sierra, exgobernador de Cundinamarca, quien tiene una demanda contra la Fiscalía General de la Nación, alegando una privación injusta de la libertad, porque aunque fue investigado por cargos de enriquecimiento ilícito, la Corte Suprema de Justicia dejo en firme su absolución. Las demandas serían por $6.122 millones y $4.646 millones, respectivamente.
También aparecen Liliana Pardo Gaona ($972 millones), exdirectora del IDU, procesada por el carrusel de los contratos y Juan Carlos Abadía Campo ($640 millones), recientemente relacionado con el escándalo del Cartel de la Toga.
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