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Carlos Parra Dussan jueves, 3 de enero de 2013

Nos preguntamos si el incremento del salario mínimo en Colombia, 4,02% del Decreto 2138 de 2012, puede transformar las conclusiones expuestas por la Procuraduría General de la Nación en su publicación “Trabajo Digno y Decente en Colombia”, donde se asegura que de cada 10 colombianos trabajadores, seis no tienen un empleo digno; el 63% ejercen labores de baja calidad; el 46% de los asalariados devengan menos de un salario mínimo mensual y la forma de vinculación por terceros cooperativas, empresas de servicios temporales, prestación de servicios ha aumentado a un 27,4%, aspectos que representan desigualdad y desprotección laboral.

Desde la Constitución Política de 1991, el trabajo como derecho se constitucionalizó como fundamental según lo señala el artículo 25, consagrándolo como un derecho y un deber del ciudadano, con acción de tutela para su ejercicio. 
 
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-614 de 2009, señaló que el trabajo tiene una triple naturaleza constitucional, como valor, como principio y como derecho.
 
La Organización Internacional del Trabajo, propuso desde la Conferencia 87 de 1999 el Programa de Trabajo Decente, definido como “Trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social”.
 
Además de los convenios  mencionados, la OIT ha logrado comprometer a los Estados frente al trabajo decente,  a través de otros instrumentos como el Pacto Mundial del Empleo y la Declaración de los Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo. En este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-401 de 2005, aseguró que todos los convenios de la OIT ratificados por Colombia, hacen parte de la legislación interna, según lo consagrado por el inciso 4 del artículo 53 de la Constitución Política. 
 
De esta manera, el Estado ha puesto en vigencia en los últimos años distintas normas laborales, de las cuales se destacan la ley 1010 de 2006 acoso laboral, ley 1221 de 2008 teletrabajo, ley 1429 de 2010 generación y formalización del empleo, decreto 2025 de 2011 contratación a través de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, ley 1438 de 2011 reforma al sistema de salud, ley 1468 de 2011 licencia de maternidad, la ley 1496 de 2011 equidad salarial para la mujer y la creación  de la dirección de derechos fundamentales del trabajo en el Ministerio del Trabajo.
 
Por su parte, el vigente Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, ley 1450 de 2011, incluye en su articulado reglas importantes que contribuyen al trabajo decente en el país, como el fortalecimiento de las políticas de fomento al empleo y protección al desempleo artículo 169; la creación de los empleos de emergencia artículo 170; la autorización al sistema de seguridad social integral para que se permitan las cotizaciones de los trabajadores con aportes al sistema por días artículo  171; la expansión de los subsidios del fondo de solidaridad pensional, especialmente para las madres comunitarias artículo 164 y la unificación y universalización de los beneficios del sistema de salud artículo 152. 
 
En conclusión, esperamos que estas normas aprobadas por Colombia, que constituyen los elementos fundamentales para lograr el objetivo de trabajo decente de la OIT, garanticen la justicia social, igualdad de oportunidades de trabajo productivo para hombres y mujeres, así como la reducción de la pobreza y el respeto por la dignidad del ser humano. 
 
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