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  • María Alejandra Solano Vargas

lunes, 7 de abril de 2014

El caso de Natalia Ponce, víctima de un ataque con ácido el 27 de marzo, abrió nuevamente la polémica sobre la legislación actual frente a las agresiones con ácido, por ello, la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz Ortíz presentará esta semana un nuevo Proyecto de Ley Antiácido, para endurecer las penas a los responsables.

Si bien el Congreso de la República reglamentó el año pasado la ley 1639 del 2 de julio, para la parlamentaria no se cumplió con el objeto inicial de la misma, es decir, tipificar el delito como autónomo. En cambio, el daño se constituyó como una lesión personal con penas desde los 16 años en prisión. Es así como el texto del nuevo Proyecto de Ley tendría sanciones desde los 30 años de cárcel.

Según un informe de Medicina Legal, 926 casos de ataques con ácido se han presentado en los últimos 10 años. De estos, 471 son mujeres y 455 hombres, pero solo en 387 casos se ha conocido la identidad del agresor.

Las medidas penales de la Ley 1639 ya se están implementando, no obstante, las asociaciones en pro de las mujeres atacadas inscriben que solo 0,2% de los responsables han sido enjuiciados.

La Ley Antiácido del año pasado además de endurecer las penas contra los agresores, tenía dos capítulos especiales, uno sobre el control de la comercialización de los productos y otro sobre la atención integral de los pacientes. Sin embargo, Gloria Stella Díaz asegura que nueve meses después de la reglamentación ni el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha regulado la comercialización al menudeo, ni el Ministerio de Salud ha expedido un protocolo para la atención de los pacientes.

“Si bien dentro de esta Ley se establece la creación de un “Registro de Control”, este en primer lugar no corresponde al registro sanitario, con el cual se avala la comercialización de los productos competencia de esta Entidad. Este sería una inscripción de los comercializadores para este tipo de sustancias, la cual se encuentra en proceso de reglamentación”, asegura el Invima sobre el tema.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez dijo que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), deben garantizar la atención integral a las víctimas de estos ataques.

Esto quiere decir que las EPS tienen que hacer todos los procedimientos sin que estos se le cobren al paciente, pues el Estado les paga anualmente una UPC de $593.978 por cada persona que pertenezca al Contributivo y $531.388 por el subsidiado. Y de ser el caso los procedimientos se le recobraran al Fosyga.

El Dr. Alfonso Barros Bermúdez, psiquiatra y vocero de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, explica que una unidad de quemados debe tener entre su grupo de trabajo un psicólogo, pues el ataque puede derivar en un trastorno depresivo. “Si el paciente quiere tomar una psicoterapia de manera particular esto le costaría unos $150.000 por sesión y serían aproximadamente cuatro veces a la semana”.

“Los procedimientos estéticos particulares varían entre $5 millones en adelante, pero solo unos pocos pacientes de ataques piden una cirugía de manera particular sino que lo hacen a través de su EPS”, asegura Jorge Luis Gaviria, vocero de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

Todas estas cirugías reconstructivas por ataques están incluidas dentro del POS y es difícil saber cuántas va a necesitar hacerse un solo paciente que ha sido atacado con ácido.

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