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José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co sábado, 16 de noviembre de 2019

Castro fue ministro de Gobierno, de Justicia, miembro principal de la Asamblea Constituyente y exalcalde Bogotá.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio la demanda que instauró el senador Antonio Sanguino contra la designación del exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, como embajador plenipotenciario ante la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) por medio del decreto 1631 de nueve de septiembre de 2019.

Hay que recordar que en estos momentos hay dos salarios y honorarios en París puesto que la exdirectora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso, también fue vinculada a la Ocde mientras que antes solo estaba en representación Catalina Crane.

Según lo que dijo Sanguino en declaraciones a AL, la acción legal se debe a dos circunstancias. La primero es que el nombramiento de Castro fue expedido cuando la adhesión de Colombia a la Ocde apenas estaba en revisión por parte de la Corte Constitucional, es decir, que, según él, lo nombraron en una misión consular que no existía. “A la fecha del nombramiento, la misión no existía, dado que no se había dado cumplimiento a todo el trámite interno para realizar la ratificación del ingreso de Colombia a la Ocde”, expresó.

La segunda tiene que ver con que, según Sanguino, Castro no es un funcionario de carrera diplomática por lo que no podrá ocupar el cargo. Además, agregó que había, por lo menos, otros 30 funcionarios de carrera diplomática que habrían podido ocupar ese puesto, “tal como lo ordenan las normas previstas”.

En la demanda, se indica que teniendo en cuenta que Colombia no ha realizado la adhesión en debida forma a la Ocde, ya que la ley aprobatoria no había sido ratificada, no existe en el decreto, por lo que no hay motivaciones para hacer dicho nombramiento.

Castro fue ministro de Gobierno, de Justicia, miembro principal de la Asamblea Constituyente y exalcalde Bogotá.

Para el analista político, Carlos Arias, en este caso, es válido el reclamo sobre haber nombrado un embajador cuando no se tenía confirmada la posición de Colombia dentro del ‘club de las buenas prácticas’. “El otro argumento, en cambio, de que no se puede nombrar a a alguien por no tener carrera diplomática, se cae por su propio peso”, manifestó.

Con relación a que el Tribunal aceptara la demanda, Sanguino expresó que espera que surta trámite porque “no se explica cómo el Gobierno y la Cancillería pueden nombrar a un embajador en una misión que no existe.”
Desde 2013, el país inició oficialmente su carrera para ingresar a la Ocde. En ese proceso, se pasaron unos siete años en los que 23 comités distintos estuvieron encargados de evaluar aspectos diversos.

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