Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió acelerar política pública del asbesto
Se solicitó la realización de un censo para identificar a las personas que han estado expuestas al mineral
28 de abril de 2025
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca obliga tanto al Gobierno Nacional como a empresas privadas a tomar medidas concretas para eliminar el asbesto en el país. Esta resolución respalda una acción popular que denunciaba la continua violación de derechos colectivos relacionados con la salud pública y el medio ambiente, a pesar de la prohibición establecida en la Ley 1968 de 2019.
Entre las disposiciones más importantes, el Tribunal ordenó a los Ministerios de Salud y Trabajo que, en un plazo de un año, desarrollen una política pública para reemplazar el asbesto que ya está instalado. Este nuevo plazo sustituye el período de cinco años que originalmente se había establecido en la ley, el cual ya se venció.
Además, se solicitó la realización de un censo para identificar a las personas que han estado expuestas al mineral, así como la implementación de un plan de adaptación laboral y reconversión productiva.
El fallo también incluye medidas para asegurar la correcta disposición de los residuos de asbesto y el monitoreo constante de materiales alternativos como el polivinil alcohol.
Se estableció que se revisen cada dos años los límites permisibles de exposición al mineral en los lugares de trabajo y en las áreas donde se realicen labores de remoción. Por otro lado, empresas como Eternit S.A., Incolbest S.A. y Reco S.A. han recibido instrucciones específicas. Tendrán que continuar con la sustitución gradual del asbesto, capacitar a sus trabajadores en el manejo de residuos y detallar en sus productos las materias primas sustitutas que utilizan.
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