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Cristian Acosta Argote - cacosta@larepublica.com.co jueves, 22 de abril de 2021

La persona que elevó la solicitud a la entidad fue el conjuez del Consejo Nacional Electoral y apoderado de Dilo Colombia, Mauricio Lugo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, liderado por Luis Ortegón, deberá decidir si en las próximas elecciones presidenciales de 2022 los ciudadanos que quieran ser candidatos deberán ser avalados por firmas de grupos representativos de ciudadanos. La última palabra la tendrá un juez y responde a la acción presentada por la fundación Dilo Colombia ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La persona que elevó la solicitud a la entidad fue el conjuez del Consejo Nacional Electoral y apoderado de Dilo Colombia, Mauricio Pava Lugo. La Registraduría Nacional fue acusada por lo demandantes de negar de forma reiterada las solicitudes ciudadanas sobre los métodos y regulación que regirá los procesos de recolección de firmas digitales.

Los demandantes agregaron que la incertidumbres nacen en la forma en que se recolectarán dichas firmas en medio de la emergencia, razón por la que, más allá de las medidas de salud, existen vacíos jurídicos con relación a la recolección de firmas.

Los accionantes afirmaron que existe una ausencia en el pronunciamiento de fondo frente a la regulación de la recolección de firmas digitales, lo cual vulnera a los ciudadanos colombianos el derecho de elegir y ser elegidos.

Por esta razón, mediante la decisión se busca ordenar a la Registraduría que cumpla con las normas y protocolos relacionados con la constitución para que los ciudadanos conozcan los mecanismos y procedimientos adecuados para los procesos.

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