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Nathalia Morales Arévalo lunes, 13 de septiembre de 2021

La decisión, por petición de la Procuraduría, ordena embargo y levantar el velo corporativo en contrato de Centros Poblados

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó medidas cautelares de urgencia contra la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, con el fin de proteger los derechos colectivos de los colombianos, y decretó que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios y el embargo de sus cuentas y bienes.

Esta medida se dio tras la acción popular que interpuso la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, que buscaba rescatar los más de $70.000 millones que recibió la Unión Temporal por parte del Ministerio de las TIC en el marco de un contrato para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet, y que llevó a la renuncia de la cartera de Karen Abudinen.

El pasado 8 de septiembre, el Ministerio Público indicó que, ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, “es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial”.

Ahora bien, en la decisión dada a conocer ayer, los magistrados del Tribunal ordenaron que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios de las personas, sean naturales o jurídicas, que integran las sociedades o fundaciones que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.

También, se ordenó el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, y demás de Centros Poblados, los socios de los miembros y miembros que la integran la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; Icm Ingenieros; Intec de la Costa y Omega Buildings.

Además, el Tribunal pidió a todas las entidades financieras que, en el término de tres días, informen si procedieron a efectuar el embargo. También, se decretó el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles que llegasen a tener los miembros de la UT en otros contratos firmados con entidades públicas.

MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA.

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