Tribunal de Cundinamarca ordenó medidas cautelares contra la UT Centros Poblados
La decisión, por petición de la Procuraduría, ordena embargo y levantar el velo corporativo en contrato de Centros Poblados
13 de septiembre de 2021![](https://img.lalr.co/cms/2021/08/26104028/Centros-Poblados.jpg)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó medidas cautelares de urgencia contra la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, con el fin de proteger los derechos colectivos de los colombianos, y decretó que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios y el embargo de sus cuentas y bienes.
Esta medida se dio tras la acción popular que interpuso la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, que buscaba rescatar los más de $70.000 millones que recibió la Unión Temporal por parte del Ministerio de las TIC en el marco de un contrato para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet, y que llevó a la renuncia de la cartera de Karen Abudinen.
El pasado 8 de septiembre, el Ministerio Público indicó que, ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, “es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial”.
Ahora bien, en la decisión dada a conocer ayer, los magistrados del Tribunal ordenaron que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios de las personas, sean naturales o jurídicas, que integran las sociedades o fundaciones que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.
También, se ordenó el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, y demás de Centros Poblados, los socios de los miembros y miembros que la integran la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; Icm Ingenieros; Intec de la Costa y Omega Buildings.
Además, el Tribunal pidió a todas las entidades financieras que, en el término de tres días, informen si procedieron a efectuar el embargo. También, se decretó el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles que llegasen a tener los miembros de la UT en otros contratos firmados con entidades públicas.
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