Tribunal Superior deja en firme condena a Gette

Respecto del recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal, la corporación determinó que la decisión adoptada por el Juzgado 34 de Conocimiento es ajustada a las conductas cometidas por Gette Ponce, y su exdefensor, y en ese sentido los dos implicados fueron condenados en segunda instancia.
La Fiscalía logró demostrar que la exrectora había ofrecido por medio de su abogado 250 millones de pesos a ‘Don Antonio’, para que cambiara su versión en el proceso que se adelanta por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en agosto de 2003, proceso en el que se veía incriminada.
Para el Tribunal, en el desarrollo del juicio llevado a cabo en el Juzgado 34 de Conocimiento se demostró que sí hubo pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de Gette y Martínez, en el delito de soborno, el cual buscaba desviar el desarrollo de la investigación que se adelantaba por el crimen de Cepeda y con esto librar de responsabilidad alguna a la entonces rectora.
A la salida de la diligencia, celebrada este viernes, el abogado Arcadio Martínez manifestó que hubo irregularidades en este proceso, y le solicitó a la Fiscalía que investigue un supuesto caso de supuesta corrupción judicial. “Sorprendido porque se confirmó la corrupción en Colombia (…) Se Pagó para que se confirmara hoy el fallo”, manifestó en una breve intervención a los medios de comunicación.
Por este caso, el exparamilitar ‘Don Antonio’, no ha podido salir de la cárcel a pesar de haber cumplido su pena en Justicia y Paz, pues Fierro enfrenta un proceso en la justicia ordinaria por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y estafa. La Fiscalía lo acusó por haber mentido en el caso que involucra a Gette, con el homicidio de Cepeda en 2003.
La apelación que fue resuelta ayer, fue interpuesta por los representantes de víctimas, quienes le solicitaron al Tribunal la máxima penal, que es de doce años de prisión, al considerar que los delitos por los que fueron condenados, son de gravedad, sumado al hecho de que se afectó una investigación que pasados más de 12 años continua sin determinar responsables.
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