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Gabrel Mesa sábado, 2 de agosto de 2014

Es el nombre de un muy interesante libro sobre el programa Seti (por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de búsqueda de vida extraterrestre, escrito por Paul Davies, director de dicho programa. Pero no se equivoquen. No es que ahora en la sección de Asuntos Legales vayamos a hablar de alienígenas. Pero sí voy a escribir de algo que con frecuencia nos pone verdes, como los marcianos. Me refiero a las regularmente tensas relaciones entre las empresas del sector petrolero y minero y las comunidades de los sitios donde operan tales empresas.

Ya lo sé; ustedes estarán pensando que quizás voy a sumarme al coro de quienes se rasgan las vestiduras al referirse a estas empresas; de quienes alegan -o gritan, para mejor decir- que ellas roban nuestros recursos, nuestra sangre y que deberían ser nacionalizadas. Se equivocan. Tampoco me voy a pronunciar respecto de quienes así opinan, pues a pesar no compartirlo, lo considero respetable en tanto estamos todavía en un estado democrático. Lo que voy a decir es otra cosa. Es una opinión que hace referencia al título de esta columna, una esfera que permite evidenciar una ecuación que no favorece a las comunidades, a las empresas, ni a la sociedad colombiana en general.

Usualmente los reclamos de estas comunidades a las empresas evidencian el enorme vacío de Estado que ellas perciben y que ante la pertinaz e insuficiente presencia y ejecutorias de este, termina por hacer de las compañías las responsables de llenarlo. Habrá quienes digan que no, que la razón de ser de las protestas son personajes oscuros que pretenden sacar provecho personal de ellas. Seguro que tales personajes existen y sacan provecho, y son un agravante del problema, pero ellos son la consecuencia del vacío, del silencio de Estado.

El punto práctico es que las empresas del sector, particularmente las más grandes, se ven obligadas a destinar cada vez más recursos humanos y económicos para atender las demandas de las comunidades donde se encuentran asentadas, relativas a asuntos que son del resorte del Estado y que deberían ser atendidas con los impuestos que todos pagamos, las comunidades y las empresas.  Esta es la ecuación que resulta perversa, pues tanto mayor es la presencia de una empresa en la región, mayores las tensiones sociales que se genera. Pero, atención, no es la presencia de la empresa lo que las genera, es la ausencia de Estado, es que el río de las regalías, por ejemplo, no fluye hacia las poblaciones, sino en dirección a bolsillos particulares, de pronto los mismos que están detrás de las protestas, del vacío de Estado, de la indolencia, de la burla. 

Por esta diabólica vía, en la cual las empresas hacen lo posible por ser Estado, han terminado por convertirse en las enemigas de la sociedad, en lugar de ser percibidas como el único factor de progreso de esas regiones -muchas bastante apartadas- donde operan. Esto, por supuesto, sirve también a oscuros propósitos políticos y es,  a su vez, alimentado por ellos. De ahí que el meollo del asunto sea más grave de lo que parece, y no me refiero a los avivatos, que también lo es, sino al hecho de generar procesos en donde todos los actores involucrados en ellos, comunidades, empresas y el propio gobierno, convergen en una constante y progresiva desinstitucionalización del Estado; en la consolidación de un imaginario colectivo que termina por desarraigar al ciudadano del Estado pues cada vez espera menos de este y más de un sucedáneo que no tiene por qué estar llamado a sustituirlo; en la distorsión del rol que debe cumplir la empresa en la construcción de una sociedad más próspera, justa y sostenible; en el cada vez más amplio margen de maniobra de los corruptos en relación con los recursos estatales, en tanto las miradas de las comunidades ya no se centran en exigir de las autoridades sino en demandar de las empresas las soluciones a sus problemas vitales.

El gobierno no debería permitir que las empresas tengan que asumir el rol del Estado, ni tampoco debe seguir siendo un mediador que hace creer que su misión consiste simplemente en empeñarse por facilitar los acuerdos entre éstas y las comunidades para resolver esos problemas, pero que en realidad no hace lo suficiente por hacer del Estado una realidad -y no como mero acto de presencia- en la totalidad del territorio nacional. 

Por eso, cuando se piden reglas claras para la inversión extranjera lo que se demanda es, entre otras, que el gobierno haga lo necesario para que el Estado sea una realidad constatable diariamente por los ciudadanos de las regiones apartadas del país, y que permita a las empresas dedicarse a generar la riqueza que asegura el desarrollo nacional. 

En realidad, en el fondo se trata aquí, al igual que ocurre con Seti, de buscar y encontrar señales de vida inteligente en medio de este problema.

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