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Rafael Pardo viernes, 23 de septiembre de 2016

Un dato que refleja la desigualdad y por ende la desintegración del país es la suma del PIB de los departamentos donde hubo conflicto armado que alcanza solo el 32% superando, apenas, por dos puntos el PIB de Bogotá y Cundinamarca (30%).

Es necesario ahora crear políticas para alcanzar un desarrollo económico y social sostenible de estas zonas y sus habitantes, apuntando a transformar la infraestructura, impulsar una reforma agraria y de servicios públicos y a adoptar un marco jurídico e institucional que permita crear las condiciones de generación de empleo y de desarrollo productivo rural y empresarial basado en formas individuales, solidarias y societarias. La producción y el empleo no pueden seguir soportados exclusivamente en instituciones o empresas oficiales, sino en el desarrollo de formas productivas rurales y asentamientos empresariales privados, que de forma directa o asociada los adelanten.

Desde la Alta Consejería para el Posconflicto se está planteando una estrategia dirigida al sector privado, que le apunta a dos objetivos principales: contribuir a generar oportunidades a partir de la descentralización económica del país y generar una rehabilitación socioeconómica y de infraestructura. A través de estímulos fiscales se promoverá la participación privada en el desarrollo económico de las zonas de posconflicto, buscando la financiación privada de las obras públicas y así compensar las distorsiones que dificultan o impiden la producción rural y empresarial.

El principal de los instrumentos que se propone será el de “Obras por impuestos”, mediante el cual uno o varios contribuyentes podrán asumir el compromiso de realizar una obra pública que hará parte de un Banco de Proyectos del Posconflicto y se encontrará valorada y estructurada. Como contraprestación por su ejecución, tendrá un descuento tributario por el valor comercial de la misma y como beneficio, un porcentaje exento de la utilidad que obtenga por la realización de dicha obra. Este instrumento se propone igualmente para las APP privadas, las obras por sanciones o por deudas vencidas con la nación.

En segundo lugar están los estímulos fiscales con los cuales se busca la participación privada en el desarrollo económico y social de zonas del posconflicto. Se establecería un régimen de tributación especial en la zona sobre impuestos nacionales, con tarifas más bajas en renta y privilegiando las formas asociativas de trabajo. Los estímulos que se darán exigen la generación de empleo en las zonas y estimula la contratación de población vulnerable con un porcentaje de gasto fiscal adicional, además de estimular la comercialización por la compra de las materias primas y de los productos de consumo final cuando lleven un sello de “Producido en Zona de Paz”. Se darán beneficios especiales a la producción de las formas de asociación solidaria de la zona.

Por último, se buscará crear incentivos para promover el desarrollo social y la creación de tejido social, con el especial énfasis en el apoyo que se brinde a proyectos sociales y comunitarios, de entidades públicas u ONG’s, como con la financiación de Beps (Beneficios Económicos Periódicos), las becas de inclusión social de niños, niñas y adolescentes que sean liberados por las Farc, el turismo y las actividades culturales. 

La propuesta de incentivos es el vehículo para lograr un equilibrio en el desarrollo territorial que logre integrar a Colombia, el cual debe promover un sector rural dinámico, al mismo tiempo que un sector privado competitivo que genere empleos formales; de la mano de un Estado fuerte, con presencia institucional en todo el territorio nacional.

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