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David Alejandro Peñuela - david.penuela.ortiz@hotmail.com domingo, 20 de enero de 2013

Cierto es que la Responsabilidad Patrimonial, sea privada o estatal, resulta ser una disciplina en exceso compleja de entender.

 
Tal dificultad generalmente se presenta en el estudio de lo que los hermanos Mazeaud denominaban Nexo Causal, actualmente llamado Imputación; debido, entre otras razones, al sinnúmero de teorías que existen para indilgar la responsabilidad. No obstante lo anterior, en esta oportunidad quisiera referirme a los avances que respecto de la materia concerniente al Daño se han llevado a cabo. En especial, los realizados por el doctor Juan Carlos Henao. Por esta razón, realizaré unas breves reflexiones en torno a la definición actual dada por este autor y a los elementos innovadores de dicha definición.
 
Recordemos que la configuración de la Responsabilidad Patrimonial está cimentada sobre tres criterios que son acumulativos y por ende necesarios: Daño, Imputación y Fundamento.  El Fundamento será entonces el sustento jurídico necesario para asignar dicha obligación de reparar; la Imputación obedece a la atribución jurídica que se le hace a una persona respecto de las consecuencias reportadas por los hechos dañinos llevados a cabo por aquella; y el Daño, según la definición dada por Juan Carlos Henao, es toda lesión a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o no, de individuales o colectivos, que se presentan como la lesión definitiva del derecho o como la alteración de su goce pacífico y que de encontrase reunidos los otros elementos de la responsabilidad civil, es objeto de reparación. 
 
De esta definición saltan a la vista, sin mayor esfuerzo, distintas variables y conceptos que chocan de forma trascendental y contundente con la definición histórica dada respecto de este elemento: aminoración patrimonial sufrida por la víctima.  No obstante, antes de comenzar el análisis de las novedades introducidas por esta definición, es necesario enunciar los puntos similares en ambas definiciones, por cuanto en uno de ellos, la licitud del interés,  se generan vicisitudes que hacen aún más engorrosa la estructuración de la responsabilidad. 
 
Así, pues, el daño debe recaer sobre un interés lícito. Es decir, el perjuicio que se pretende reparar debe provenir de una situación jurídicamente protegida o, lo que es lo mismo, de una situación no contraria a derecho. A pesar de la facilidad en la definición, la complejidad se refleja en la casuística: ¿es lícito que un tatuador demande réditos por un tatuaje que se realizó una modelo y gracias al cual ésta aparece en portadas de famosas revistas?, ¿tiene el tatuador derecho alguno sobre las ganancias percibidas por  la modelo? Otro ejemplo traído también de la jurisprudencia  internacional es el caso de una madre que se sometió al procedimiento de aborto; sin embargo, el mismo no fue efectivo y la gestora dio a luz. Partiendo de la premisa que en Francia es legal el aborto por desasosiego ¿nace en cabeza de la madre el derecho a ser reparada por la conculcación de su derecho al aborto? 
 
En el ámbito nacional también han surgido casos resueltos al filo del concepto de la legalidad como lo fue el consignado en la sentencia T-629 de 2010, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció la configuración del contrato realidad en un caso de prostitución, por cuanto la trabajadora sexual prestaba sus servicios bajo subordinación, cumpliendo un horario y devengando un salario ¿la fuente de ingresos era o no legal?, ¿el contrato adolecía de nulidad absoluta por objeto ilícito? 
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