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Manuel Rozo Sánchez martes, 26 de febrero de 2013

Una locomotora perdiendo impulso”. Así perciben algunos medios de comunicación la situación de la minería en Colombia, y es verdaderamente preocupante que estos comentarios se den teniendo en cuenta que para el 2012, esta locomotora fue la que dejó un margen del 23% de las exportaciones en el país.

La actual situación de la minería no presenta un buen panorama debido, entre otras cosas, a los bajos precios del carbón, la suspensión de los términos para presentación de propuestas ante la Agencia Nacional de Minería y la incertidumbre en materia de reglamentación debido a la salida del ordenamiento jurídico en mayo del presente año, de la ley 3182 de 2010, de acuerdo con lo prescrito por la Corte Constitucional en su sentencia C-366 de 2011. Si bien es cierto que la minería es clave para el desarrollo económico, según lo expresa el mismo gobierno, no se entiende por qué a la fecha existe un estancamiento de proyectos de gran envergadura,  que son decisorios para el avance económico del país. Sin duda, este es un tema que cuestionan muchos expertos especialmente, por la trascendencia que esto supone para la economía nacional. Desde hace un tiempo, la marcada persecución a empresas mineras, y la falta de seguridad jurídica, por cambios constantes en las reglas de juego, ya sea por implementación de nuevas normativas, por falta de las mismas o por inaplicabilidad de las existentes, han llevado a que empresas mineras de gran importancia piensen en salir del país. Podría decirse que el caos existente se debe en gran medida a la falta de organización en materia de contratación. Con la imposibilidad de presentar propuestas, los empresarios mineros pierden el interés y, como consecuencia, la inversión se está yendo a otros países. 
 
Por otro lado, todos estos aspectos hacen también, que se active la minería ilegal lo que supone graves daños, no solo al ambiente, sino a la seguridad y economía social, además de implicar un retroceso en toda la cultura de formalización minera que se estaba procurando. De continuar con esta situación, los  explotadores que sin título ni licencia ambiental hacen un aprovechamiento del subsuelo, sin regulación que los obligue a cumplir las obligaciones ambientales, sociales y económicas, son quienes sacan el mayor provecho. Es claro que este tipo de minería es la verdadera causante de graves impactos ambientales, ya que no cuenta con las técnicas requeridas en las labores que realizan, no hay fiscalización y fomentan la inseguridad en el país. Lo cierto es que la locomotora hoy se está quedando sin fuerza y, para Colombia, un país en desarrollo, es importante que todos los sectores económicos avancen conjuntamente para lograr una estabilidad que traducida en buena administración, resulte en bienestar social. Esto implica que el gobierno debe definir las situaciones jurídicas para los proyectos mineros que actualmente están parados.  Y que se tenga claridad tanto para el Estado como para el  empresario, de cómo deben actuar en materia minera. Esperemos que se tomen medidas y se pongan en marcha los proyectos mineros, se reactive este importante sector económico y, en mayo, se estabilice la institucionalidad para que a mediados del presente, se reactive la presentación de propuestas de contratación, haciendo que la minería ilegal desaparezca y se fortalezca la locomotora nuevamente. 
 
Es hora de replantear la estrategia y no perder lo que se ha logrado: la  inversión de empresas que saben de minería y que cuentan con recursos y técnicas que favorecen al desarrollo del país. Estamos en un punto en el que es necesario definir, con mucho cuidado, cual será el futuro de la locomotora, esperando que su aceleración nuevamente se dé con rapidez. En la medida en que esto ocurra, el beneficio será para todos los colombianos. 
 
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