Universidades de Córdoba y Los Llanos tienen el mayor riesgo de corrupción

La falta de políticas anticorrupción, la carencia de supervisión de contratos y las brechas salariales en el recurso humano, son algunos de los aspectos que las dejaron con la menor calificación. Así lo confirmó  Adriana Muñoz, investigadora responsable del Índice de Transparencia Nacional (ITN), que fue realizado por Transparencia por Colombia.  

Esta situación se explica porque “el proceso que se utiliza para la escogencia de los rectores, si bien comprende consultas abiertas a la comunidad académica, no está exento de la intervención política de la región y está visto que hay grupos de interés que quieren tener injerencia”, dijo Luis Fernando Ramírez, vicerrector de investigaciones de la Universidad de la Salle.

El manejo de recursos de regalías enfocados en ciencia, tecnología e innovación seduce a las élites regionales, señaló Ramírez, y pese a que existe una  ley de vigilancia con la que el Ministerio de Educación tiene dientes para sancionar o intervenir a las Instituciones de Educación Superior (IES), la vigilancia debe ser realizada por la Contraloría encargada.

Este índice señala que hay cuatro IES con riesgo muy alto de corrupción, y otras 13 universidades en alto, de 32 analizadas. “Es necesario que se protejan las universidades  nacionales y territoriales que son aliados para el desarrollo”, recalcó Ramírez.

Las que tienen más riesgo de corrupción no son obligatoriamente las más corruptas, dijo Muñoz. Se establece “dada la escasa publicidad de la información pública a la ciudadanía, la existencia de diseños institucionales débiles en la gestión administrativa y las debilidades para concretar medidas de control interno y/o externo”.

Además, tiene que ver con los niveles de poder sancionatorio, y “de no ponerse en marcha las acciones tendientes a mitigar los riesgos, es muy probable que desemboquen en hechos de corrupción administrativa”, agregó la investigadora.

Las de mejores resultados fueron Antioquia, Militar-Nueva Granada, la del Quindío  y de Caldas.  

Congreso, el de mayor riesgo
El Índice, que incluye a 85 entidades del orden Nacional, muestra que el Congreso de la República es  la entidad pública con mayor riesgo de corrupción, siendo la Cámara de Representantes la más vulnerable.

“El problema con la Rama Legislativa es que la Cámara no quiso ser partícipe del ejercicio, lo que implica que no ha estado abierta al control social”, señaló Muñoz.  Le sigue en su orden el Consejo Superior de la Judicatura, el Ejército Nacional, la Agencia Nacional de Contratación Pública y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Entre las entidades con riesgo moderado están la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de Defensa Nacional, la Auditoría General de la República y la Superintendencia Financiera.

Los factores
El índice de Transparencia de las Entidades Públicas (Itep) evalúa tres factores específicos: 

Visibilidad: capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada.

Institucionalidad: la capacidad de lograr que los servidores públicos y la administración cumplan con normas y estándares establecidos para los procesos de gestión.

Control y sanción: la capacidad para generar acciones de control y sanción mediante procesos internos, por acción de los órganos de control y espacios de participación ciudadana.

Las opiniones

Luis Fernando Ramírez
Vicerrector de investigaciones de la Universidad de la Salle
“Las regalías destinadas a ciencia, tecnología e innovación que van amarradas a las universidades se han vuelto importantes focos de corrupción. Las contralorías son las llamadas a vigilar estos procesos”.

Adriana Muñoz
Investigadora responsable del ITN
“El problema con la Rama Legislativa es que la Cámara de Representantes no quiso ser partícipe del ejercicio, entonces no ha estado abierta a un ejercicio de control social”.