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Valentina Pachón - vpachon@larepublica.com.co Martes, 23 de diciembre de 2014

Esto sin contar los enormes estragos sociales y administrativos que ha dejado la huelga, tales como la agudización de la crisis carcelaria y la congestión de las Unidades de Reacción Inmediata (URI). Cientos de miles de procesos penales y civiles están bloqueados. Los abogados litigantes calculan sus perdidas por los servicios profesionales en mas de $30.000 millones. 

Tras la suspensión para salir a vacaciones, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura denunció la grave desprotección de los derechos que representa esta parálisis laboral y a la cual el Gobierno Nacional no ha prestado mayor atención. El organismo tomó medidas como la creación  de salas de audiencias alternativas, y la eliminación de cargos de descongestion en edificios bloqueados. Ademas ha trabajado conjuntamente con la Policía Nacional para garantizar el ingreso de usuarios a las instalaciones en servicio. 

Como ultima instancia, ordenaron a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no pagar los salarios de los servidores públicos que no hayan trabajado, como lo  ordena la circular de la ContralorÍa. 

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