Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Néstor Ramírez Domingo, 9 de diciembre de 2012

En los últimos días, el Dane publicó los resultados de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana para el año 2012. En ésta se busca producir información estadística sobre la percepción de seguridad de la ciudadanía y caracterizar las dinámicas delictivas del hurto (residencias, personas y vehículos), las riñas y la extorsión. La encuesta se realizó entre julio y agosto del 2012 a personas de 15 años y más en 25 ciudades del país (abarcadas en 20 dominios), y fue aplicada a 173.489 personas en 48.410 hogares.

 
Los resultados de la encuesta resultan de gran interés para las autoridades a nivel nacional y local, puesto que no solo brindan un panorama sobre la ocurrencia de delitos en las ciudades, sino que también arrojan información sobre la percepción que tienen los ciudadanos acerca de las autoridades partícipes en la prevención y la persecución de la criminalidad. 
 
El primer gran hallazgo de la encuesta fue la  determinación de una tasa de victimización del 20%. Las ciudades donde se presentó una mayor tasa de victimización fueron Pasto (33%), Bogotá (25%), Popayán (23%), Cali (21%) y Villavicencio (20%). Las ciudades con menores resultados fueron Bucaramanga, Sincelejo (ambas con 11%),  San Andrés (8%) y Cartagena (7%). Llama la atención el hecho de que, del total de encuestados que reportaron haber sido víctimas de delitos, tan solo un 24,5% hubiera reportado haber interpuesto la correspondiente  denuncia penal. 
 
Como delito de mayor ocurrencia se encontró el hurto a personas, siendo una conducta de la cual el 13% de los encuestados reportó haber sido víctima. El 46% de estas personas identificó como modalidad de la conducta el atraco a mano armada, seguido por el denominado ‘cosquilleo’ y por el raponazo (cada uno con un 19% de ocurrencia). Los encuestados que fueron víctimas también señalaron que los bienes que les fueron hurtados fueron en estos casos, fueron principalmente el teléfono celular (en un 70% de los casos), así como dinero, tarjetas o documentos personales (en un 43% de los casos).
 
Ahora bien, otro importante hallazgo de la encuesta fue la percepción de la inseguridad entre la ciudadanía. Los resultados a nivel nacional muestran que un 61% de los encuestados manifestaron sentirse inseguros en sus ciudades, siendo aquellas con los registros más altos: Pasto (79%), Bogotá (74%), Cali (70%), Barranquilla (68%) y Neiva (66%); mientras que las de menores resultados fueron Armenia (28%), Manizales (23%) y San Andrés (22%). En complemento, al total de  encuestados se les preguntó acerca de los lugares en los que se sienten inseguros, siendo los que arrojaron resultados más altos la vía pública (74%), el transporte público (61%), las plazas de mercado o calles comerciales (52%) y los cajeros automáticos en la vía pública (46%).
 
Estos resultados permiten observar que continua existiendo una alta percepción de inseguridad en el país, aún cuando esta se ubica considerablemente por encima de la tasa de victimización que arroja la encuesta: mientras que uno de cada cinco ciudadanos ha sido víctima de delitos en el último año, dos de cada tres -es decir, el triple del número de víctimas- aseguran sentirse inseguros en su ciudad. 
 
Las administraciones locales tienen que prestar especial atención a este fenómeno, pues ciertamente los resultados muestran la tendencia de que aquellas ciudades con mayor victimización son, justamente, aquellas que registran los mayores niveles de percepción de inseguridad.
 
En conclusión, el sondeo realizado por el Dane constituye una herramienta de apoyo muy valiosa para apoyar la elaboración de políticas de seguridad en el plano local, así como el diseño de la política criminal a nivel nacional. Los hallazgos acá presentados, entre otros interesantes aspectos detallados en la encuesta permiten corroborar que continúan existiendo fenómenos que se han diagnosticado desde hace años, como la baja tasa de denuncia, causada por factores como la falta de confianza en las autoridades de justicia, el desconocimiento de los trámites correspondientes y la existencia de barreras de acceso a la justicia por factores económicos y geográficos.
 
 En este sentido, son medidas prioritarias la construcción de estrategias para la prevención del delito, la construcción de planes interinstitucionales para la persecución efectiva de la delincuencia y la adopción de medidas para mejorar el acceso a la justicia y continuar generando pedagogía entre la ciudadanía acerca del funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio.