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Actualidad

Víctor Maldonado deberá rendir cuentas en Colombia por escándalo de Interbolsa

20 de noviembre de 2015

Natalia Cubillos Murcia


Canal de noticias de Asuntos Legales

Esto con el fin de que el exfuncionario del Fondo Premium, de Interbolsa, pueda responder ante las más de 1.000 víctimas afectadas en el descalabro financiero y los $350.000 millones a los que tendrá que hacer su aporte para la reparación. 

Inclusive, José Antonio Choclán, abogado de Víctor Maldonado en España y miembro de la firma Choclán Montalvo, sostuvo que ellos no han sido notificados, pero en todo caso están a la espera de un recurso de Amparo ante la Corte Constitucional de España que aún no ha sido resuelto. De acuerdo con la página web del exdirectivo, el 10 de noviembre de 2015, le notificaron al equipo de defensa de Víctor Maldonado el Auto del Pleno desestimando el recurso de súplica interpuesto para no ser extraditado, pero ellos no se quedaron quietos e impusieron una medida de amparo.

“Hemos solicitado, como medida cautelar urgente, la paralización de la entrega. En la medida en que la Corte Constitucional ha recibido la medida de amparo, aún no se ha resuelto nada”, aseguró Choclán. 

Explicó que se envió la solicitud al Gobierno, a la Subdirección General y al Ministerio de Justicia y de igual forma, está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional la medida cautelar de suspensión de la entrega.  

“Confiamos en que se suspenda la entrega hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva la medida cautelar que hemos interpuesto. Si el Tribunal Constitucional acepta la medida cautelar, entonces suspendería la entrega durante todo el proceso que dure el recurso de amparo. Si el considera que no hay motivo de amparo, no nos quedaría ningún otro recurso en España para evitar la entrega”, dijo el abogado. Maldonado está preso en este país desde el 23 de marzo. 

Ante la Superintendencia de Sociedades, Maldonado presentó una propuesta del pago de la deuda, más intereses, según el monto que calcula el liquidador, de $110.000 millones.

Al exfuncionario le imputan delitos de captación masiva, no reintegro, estafa agravada y concierto para delinquir. En lo civil, cuenta con una muerte comercial, levantamiento del velo corporativo y embargo de sus empresas.

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