jueves, 4 de mayo de 2023

Una de las piedras angulares de este Gobierno es convertir a Colombia en una potencia mundial de vida, y el proyecto de la reforma laboral presentado en el Congreso no es ajeno a este concepto, como elemento esencial para justificar los cambios y nuevos esquemas laborales planteados.

Dentro del articulado de la reforma laboral se habla de garantizar los derechos laborales incrementando los costos de nómina, contratación indefinida, aumento de fueros y extensión de beneficios extralegales para empresas medianas y pequeñas, entre otros aspectos encaminados a proteger al trabajador. Sin embargo, cuando el Gobierno plantea la premisa de convertirnos en una potencia mundial de vida a través de la reforma laboral, es necesario analizar cuáles son las herramientas que pretende implementar para llegar a su objetivo.

Sobre este aspecto particular, el texto plantea en su articulado que la protección de los trabajadores en los procesos de descarbonización será a cargo del empleador, pues su redacción permite concluir que serán las empresas del sector minero y energético las encargadas de ofrecer las alternativas para seguir protegiendo unos empleos que ya no existirán. Entonces, ¿será que el gobierno pretende que estas empresas migren a otras actividades, o busquen alternativas laborales en otros nichos de mercado para sus trabajadores, acordes a la política encaminada a convertirnos en una potencia mundial de vida?

A raíz de este interrogante, salta a la luz una alternativa que puede ser coherente con esta política transversal del Gobierno, pues parece que con la nueva reforma se quiere plasmar una manera de vernos más equitativos, ecológicos y diversos. Por ejemplo, el mercado del turismo ecológico que podría ser una fuente de trabajo, especialmente en el sector rural y en cumplimiento de los compromisos con el medio ambiente y las minorías, sería una fuente de empleo acorde con el plan presentado.

Sin embargo, cuesta trabajo entender que, sin contar con garantías como la seguridad en los territorios, una adecuada infraestructura y una formación acorde a las necesidades de un mercado que es altamente competido a nivel regional vaya a ser posible generar una empleabilidad que cumpla con los costos que el Gobierno propone y llegar al objetivo que esta política pretende.

El Estado debe garantizar unas condiciones mínimas y ser un aliado de los emprendedores y empresarios que quieren apostarle al turismo ecológico, y desde ahí trabajar de manera conjunta para volvernos globalmente atractivos, buscando ser la tan anhelada potencia de vida.

Pero cuando el Estado no logra cubrir estos mínimos y pretende trasladar sus obligaciones al sector empresarial, de arranque no habrá un balance entre el producto y/o servicio versus el gasto, exponiendo al país a una economía laboral mucho menos productiva y por consiguiente menos competitiva, frente a otros países de la región que han avanzado exitosamente en el sector del ecoturismo.

Viene entonces a la memoria el conocido refrán, no es como soplar y hacer botellas, llegar al objetivo de este Gobierno cuesta más que eso y encargar de semejante logro al empresariado colombiano parece ser morir en el intento, que al final se traduce en la quiebra sistemática de un alto porcentaje del sector productivo del país.
Si Colombia no se construye a través de un acuerdo coherente con la realidad del país, donde los tres actores (trabajador, empleador y Estado) cumplan su parte proporcional, no habrá progreso y por ende empleo y la gran anhelada pretensión de ser una potencia mundial de vida, se esfumará en el intento.