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OPINIÓN

¿Las empresas en cuidados intensivos?

13 de septiembre de 2025

Adriana Escobar García

Socia CMS Rodríguez Azuero
Canal de noticias de Asuntos Legales

En Colombia, las normas laborales y de seguridad social han creado importantes figuras jurídicas para proteger al trabajador: incapacidades, fuero de salud y pérdida de capacidad laboral. Todas ellas buscan garantizar estabilidad en el empleo y continuidad en la protección social cuando la salud interfiere en el desempeño.

Hasta ahí, el propósito es loable. El problema surge cuando la balanza se inclina hacia una carga casi insoportable para el empleador.

Un ejemplo reciente es la Resolución 1843 de 2025, expedida por el Ministerio de Salud, que amplió las evaluaciones médicas ocupacionales obligatorias. Ahora, además de las ya conocidas pruebas de ingreso, periódicas y de egreso, se deben practicar exámenes post incapacidad, por retorno laboral y de seguimiento o control.

Sobre el papel, la medida suena positiva. En la práctica, se convierte en una cadena de obligaciones adicionales: el empleador debe asumir todos los costos de estas evaluaciones, cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación si el trabajador vive en otra ciudad, programar las pruebas en jornada laboral sin afectar descansos, e incluso entregar información técnica detallada del puesto de trabajo.

A esto se suma una vieja herida, el pago directo de incapacidades médicas al trabajador, un dinero que las empresas deben desembolsar de inmediato y cuyo recobro ante las EPS es casi una misión imposible.

La ecuación no falla, más trámites, más costos, más riesgos legales. Mientras tanto, el sistema de salud sigue mostrando ineficiencia y en muchos casos, desinterés en cumplir sus propias obligaciones.

Así, las empresas terminan navegando en un mar de regulaciones que las expone a un colapso similar al de un paciente que llega a “cuidados intensivos”. La diferencia es que nadie habla del bienestar empresarial, como si las compañías fueran inmortales. Hay que recordar, un golpe fuerte a su estructura puede ser letal.

Proteger la salud del trabajador es irrenunciable, pero poner a las empresas contra las cuerdas con cargas desmedidas es un error. Si ellas caen, cae también el sistema que sostiene el empleo, la seguridad social y la salud misma.

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