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martes, 29 de abril de 2014

La consecuencia de estas falencias ha sido el desbordamiento y el uso inadecuado de estos mecanismos contemplados en tan importante ley, lo que conlleva a que, lejos de profundizar la democracia, se esté polarizando el país en algunos temas de discusión nacional. Un ejemplo de actualidad, es el debate sobre la procedencia o no de los proyectos extractivos y su condición de ser o no asuntos de carácter local o nacional. Se demanda por algunos la participación en la decisión por parte de los ciudadanos del ámbito local, respecto de los proyectos que impacta un determinado territorio. Se considera que estos ciudadanos tienen un derecho propio para opinar sobre todo lo que ocurre en su región. Se alega por otros, que las industrias extractivas son un tema de orden nacional, unas actividades lícitas permitidas por la Constitución y las leyes, sobre las cuales no pueden oponerse los habitantes de las localidades y regiones, dada la trascendencia de las mismas en todos los aspectos de la vida nacional. La Corte Constitucional a su vez propone diálogo y coordinación, pero no indica cómo llevarlo a la práctica.

Los municipios por su parte convocan Consultas Populares, como único mecanismo que se les ocurre para cerrar el paso a estas actividades productivas. Dicho proceso promovido por los Alcaldes, sin mayores argumentos y llevados por el apasionamiento producto de información fragmentaria, miedos a lo desconocido y necesidad de una solución pronta a algo que identifican como un problema. 

Entonces como resultado de lo anterior,  vemos un verdadero caos donde los proyectos pasan de ser del ámbito local, como sucedió en el caso de la minería en Santurbán, para el cual un tema de la provincia de Sotonorte, pasa luego a serlo de los Municipios de Vetas, California y Bucaramanga,  posteriormente de los dos Santanderes, para finalmente terminar como un tema de decisión en el orden nacional.  Algo similar esta ocurriendo con los casos de Tauramena y Cajamarca, donde un tema que querían resolver los Municipios, pasaron a ser de la Gobernación y finalmente,  fueron incluidos en los Proyectos de Interés Nacional o Pines. Entonces, dado que hoy los debates se están dando a todo nivel (local, regional y nacional),  lo importante es que se sigan dando en las oportunidades debidas, con base no en apasionamientos, sino en razonamientos y con respeto del ordenamiento jurídico.

Siendo así las cosas, es claro que tratar de volver al cauce legal, hacer respetar la Constitución y las leyes y los procedimientos en ellas establecidos, como lo propone la Procuraduría General de la Nación, es el camino correcto. Es indispensable ponerle orden y método a la participación ciudadana en estos y otros casos, para no terminar en las Altas Cortes, previo un desgaste enorme y pérdida de tiempo que significa costo de oportunidad en muchos casos. A nadie se le ocurre que debemos retroceder en los avances obtenidos en el campo de la participación, pero si es necesario avanzar en el camino correcto. En opinión de quien escribe, los esfuerzos pendientes están no en nuevas regulaciones o en el cambio de las existentes, sino en la educación para la participación y en la coordinación institucional para hacer efectiva la citada participación. Los espacios  de participación ciudadana hoy existen, hay que perfeccionarlos y ponerlos a funcionar para lo que fueron diseñados, con el fin de obtener, para bien de todos, los objetivos propuestos. Esto implica no pretender usar otros mecanismos no concebidos para tal efecto, ya que eso es torcer la ley, aún cuando los fines puedan considerarse loables. Dura es la ley pero es la ley. No hay que perder el foco. La Consulta Popular no fue diseñada para decidir la pertinencia o no de proyectos productivos. Adicionalmente, hay que blindar de oportunismos e intereses particulares, esos mecanismos de participación ciudadana de manera que la discusión sea transparente, informada y el diálogo sea doble vía.  Es de esperar que el Ministerio del Interior nos ayude a coordinar todos los aspectos necesarios, entre el ámbito nacional y el local, y entre el sector público y el privado, para por fin poner a andar la participación ciudadana el la consideración de los proyectos extractivos, por los cauces adecuados y así poder garantizar la seguridad jurídica que todos requerimos.