Esta excelente idea tendrá un costo de doce mil millones de pesos y beneficiará a cerca de trece millones de colombianos dedicados al campo, quienes podrán dedicarse a productos que puedan ser demandados por los mercados recientemente abiertos para el país. Es tan solo un ejemplo de lo mucho que se puede hacer con los recursos provenientes de las regalías, que se generan a partir de las actividades extractivas. El año anterior se produjeron casi $32 billones en regalías que alcanzarían para mucho. Otros ejemplos que se podrían citar es el poder financiar 80% del presupuesto para educación, transporte y salud y el impulso de programas sociales tan importantes como Familias en Acción y Red Unidos. Igualmente en solo año y medio, se podría financiar la totalidad de los $44 billones que se estimaron como costo de la Cuarta Generación de Concesiones en Infraestructura, mas conocido como 4G, que todos esperamos sea la salida para mejorar la red vial del país y el mejoramiento de su competitividad.
Sin embargo, tanto a nivel nacional como local son varios los contradictores que afirman que estas industrias solo traen pobreza. Nada más lejano de la realidad. En estos días que se ha vuelto común oír sobre protestas en las regiones productoras, bastaría recordar que las regiones no solo se benefician con regalías sino que estas industrias pueden contribuir con la competitividad misma de las regiones. Se trata ni más ni menos que de reconocer la vocación de las mismas, como aptas para producir recursos naturales no renovables, con miras al consumo interno y a la exportación. Ya es común ver en otras latitudes que son las regiones y no los países a los que pertenecen, las que negocian en forma directa y venden sus productos con marca de origen. Nadie puede negar que departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Cesar y Guajira, son grandes productores de minerales y departamentos como Arauca, Casanare, Meta, Santander y Putumayo, son grandes productores de hidrocarburos. Sería otro el futuro de estos departamentos si en lugar de darle la espalda a sus vocaciones naturales, apoyaran de forma decidida estas industrias. Se acabarían las discusiones sobre quiénes deben decidir si los proyectos se hacen o no y si es un tema nacional o regional, porque todos habríamos entendido que el beneficio es local y nacional.Pareciera que el desconocimiento de las potencialidades de las regiones lleva a la toma de decisiones equivocadas, por parte de quienes lideran estas oposiciones. Se ejerce el liderazgo de las comunidades sin la debida preparación e información, lo que conlleva a la pérdida de oportunidades.
Es mucho lo que el país podría crecer en materia minera en los próximos años si las cosas se dan, pero se requiere además el apoyo decidido del país a todo nivel. Los resultados generales de crecimiento del tercer trimestre del año anterior fueron de 5.1% para toda la economía y el de la minería en particular fue de 6.1%. Además, y según las cifras de la Agencia Nacional de Minería, en el país hay 9.043 títulos mineros de los cuales 35% de los títulos está en fase de exploración, en un área equivalente a 1.7% del territorio nacional (1.954.591 hectáreas). Ello significa que la potencialidad no ha sido probada aún. 26% se dedica a construcción y montaje, con un área equivalente a 1.6% del país (1.855.548 hectáreas). El resto, es decir, 39%, de los títulos mineros se encuentra en fase de explotación, en un área equivalente a 1% del territorio nacional (1.152,188 hectáreas). Hay que hacer claridad que no todas esas hectáreas están en la práctica intervenidas. Se trata de la extensión de los títulos solamente. Ahora, frente a otras actividades productivas, es muy poco territorio el que se emplea en materia de minería y mucho lo que se podría generar en materia de ingresos directos e indirectos.
La misma fuente reporta que “por cada título en pequeña y mediana minería se crean, en promedio, 34 puestos de trabajo (41% directos y el resto indirectos; 24% corresponde a mano de obra calificada, el resto a no calificada). Es decir que esta franja del sector genera 315.000 empleos. Por su parte, la gran minería registra una absorción de mano de obra de 35.000 puestos de trabajo (56% directos y 44% indirectos). Se calcula que cerca de 350.000 familias dependen de la labor minera en Colombia, lo que significa que aproximadamente 1.050.000 colombianos subsisten a través del sector. Estas cifras estimadas proyectan una generación de empleo en el sector equivale a 1,7% del total nacional.” Todo lo anterior, sin tener en cuenta la actividad no formalizada, que eleva de manera significativa las cifras de empleo en el país. Todo esto solamente llama a una reflexión: por qué oponerse de manera tan férrea a algo que pudiera ser una gran oportunidad para las regiones y el país? ¿Por qué negar los beneficios de las industrias extractivas? Son preguntas que aún no tienen una respuesta a pesar de la trascendencia del tema.
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