Ese activo tan importante que genera prestigio, se ha venido deteriorando en los últimos tiempos y es poco el esfuerzo que se hace para remediar la situación. Seguimos confiados en que los inversionistas seguirán creyendo en el país, a pesar de la pérdida de la seguridad jurídica. Como dice la sabiduría popular: “crea fama y échate a dormir”.
Pero lo cierto es que las noticias, sobre todo las malas, viajan con mucha velocidad. Así como el que tiene experiencias positivas es el mejor embajador del país, los que la tienen mala, difunden con mucha eficacia su experiencia negativa.
La proliferación de leyes, decretos, resoluciones y circulares es alarmante, pero a ello se suman hoy en día las decisiones judiciales, sin precedentes. Entonces, al marco normativo cambiante se suman ahora las sentencias que tumban las normas, cambian su forma de aplicación y ordenan su reemplazo o que no sean tenidas en cuenta por no brindar las necesarias garantías constitucionales. El principio de legalidad, ha venido siendo dejado atrás, como el estandarte de la seguridad jurídica, para darle mayor importancia a otros principios y para privilegiar los llamados derechos de la tercera generación.
Hoy en día principios como los de precaución y prevención y derechos como el de participación o el de consulta previa, están por encima incluso de lo que las mismas leyes digan sobre el particular. La aplicación de estos, en cuanto a su alcance y significación, dada por entidades gubernamentales y juzgados, desborda hoy lo previsto en el ordenamiento jurídico. Ello por supuesto, significa incertidumbre jurídica, dado que debería haber concordancia entre su valor y contenido, y su expresión a través de la normatividad.
Ello beneficia no solo a la inversión privada, sino incluso a los individuos o grupos que detentan tales derechos. Lo cierto es que hay una falta de armonía entre la labor que hace el Congreso de la República y el Gobierno Nacional cuando expide esas normas y la labor de las altas Cortes en sus decisiones sobre las mismas. Las demandas contra las normas no son la excepción, sino el pan nuestro de cada día. Más se demora el Congreso o el Gobierno en expedirlas que las Cortes en tumbarlas, en aplicación de los principios o derechos aludidos. Entonces, ¿qué sentido tienen esos esfuerzos para fijar las reglas de juego si no permanecen en el tiempo? Se han generado además unos equipos en organizaciones no gubernamentales e incluso al interior de prestigiosas escuelas de derecho, cuya finalidad exclusiva es demandar toda ley, decreto o resolución que se produzca y, con ello, creen estar haciéndole un bien a la Patria.
Quienes sufrimos en el día a día la dificultad de poder conceptuar sobre lo que se encuentra vigente, sabemos que algo que hoy se dice, en sesenta días puede haber cambiado radicalmente. ¿Cómo entonces darle seguridad a la inversión privada en tales condiciones? ¿Cómo pretender que la inversión existente permanezca y llegue la nueva que estamos necesitando? ¿Aquella que dará empleo e impuestos? Es claro que no somos los abogados de a pie, quienes podemos poner fin a esta problemática tan sentida, pero sí debemos pedir a quienes toman decisiones en el país, que por favor haya un consenso sobre qué se quiere en materia regulatoria y para dónde vamos.
Igualmente, que los grupos de abogados y estudiantes de derecho, cuya mayor aspiración profesional es ser reconocidos como quien tumbó tal o cual ley o decreto, reflexionen y recuerden que el mayor activo de una democracia es tener un marco normativo sólido, donde sean claros los derechos y obligaciones de sus miembros y donde el orden y la justicia sea para todos. Esta situación de inestabilidad jurídica, está acabando con la competitividad de Colombia. Cada día perdemos más escaños en las evaluaciones de las entidades que miden esto a nivel internacional, y esto nos aleja más del bienestar que todos anhelamos, e incrementa la conflictividad que todos queremos que termine.
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