Coherencia normativa para la competitividad

Importantes reflexiones me quedaron por haber escuchado una conferencia de la experta internacional María Antonieta Merino, quien con mucha suficiencia explicó las razones por las cuales, para cualquier país, es tan importante garantizarles a los inversionistas un marco regulatorio estable y coherente.

En sus palabras, la calidad en la regulación es fundamental, así como la manera en que se implementan las medidas adoptadas. La incertidumbre sobre la administración, interpretación y aplicación de la normativa se llega a convertir en garantía de un pobre crecimiento económico. Además, un país que crea barreras regulatorias, genera parálisis en los proyectos y, como es de esperar, cuando se trata de sectores tan relevantes como el minero-energético, la consecuencia será que se afecten las finanzas públicas y el bienestar general.

Otro factor relevante al que se hizo mención la experta fue sufrir de fragmentación normativa en la regulación. Esa fragmentación es causa eficiente de un incremento en los costos y una exposición a riesgos jurídicos. Colombia es claro ejemplo de ello. La hiperinflación normativa nos agobia, pero seguimos expidiendo leyes, decretos y resoluciones, para que el Estado lo controle todo y más.

Es una constante que las autorizaciones para un proyecto dependan de instancias independientes, que están poco o nada coordinadas. La Corte Constitucional ha sido reiterativa en cuanto a que los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad deben dominar la gestión pública para el logro de los fines del Estado.

Lo cierto es que tener un sistema normativo fragmentado como el nuestro amplifica la litigiosidad y la conflictividad social. De otra parte, la superposición normativa, y la falta de coordinación vertical entre los niveles nacional, regional y local, generan fricciones regulatorias, que hacen muy difícil para el operador jurídico sacar adelante las decisiones y para el administrado, los proyectos.

La experta nos sugiere que eso sea cambiado por una visión en conjunto de la normativa, que permita hacerle mejoras, adaptaciones e incluso acoger innovaciones. Tenemos urgencia de hacerlo. Hoy Colombia ha caído de manera estruendosa en el raking internacional de competitividad. La nota más baja se obtuvo en el pilar de “eficiencia del gobierno”, llegando al puesto 61, que es de los más bajos de la lista. Para un análisis de competencia como éste, se evalúa si las normas de un determinado país limitan la competencia o la favorecen, si obstaculizan la entrada de nuevos actores, y si se generan barreras regulatorias innecesarias o incrementan costos. Somos campeones en todo ello.

La solución para Merino está en aplicar dos principios básicos en la construcción y aplicación normativa: (i) la eficiencia y (ii) la coherencia. La eficiencia regulatoria busca alcanzar los objetivos públicos con el menor costo económico, social y administrativo. La coherencia regulatoria busca evitar contradicciones entre las normas ambientales, sociales y de inversión. Como país estamos abocados a un rediseño integral del ecosistema regulatorio, partiendo de un diagnóstico detallado, para seguir con una estandarización y coordinación institucional y una medición de impactos para un rediseño continuo. Además, debemos considerar seriamente que el diseño institucional deficiente lleva al fracaso de los marcos regulatorios. Ante nuestra necesidad de crecer, producir y generar riqueza, bienvenidos estos consejos expertos.