Viabilidad de una Constituyente

Cuando suenan las campanas de una posible Constituyente, de inmediato surge la preocupación y suele pensarse en la teoría del contrato social, para saber si es necesario cambiar lo que tenemos. La señalada teoría explica cuál es el origen, la fuente de legitimidad y el propósito del Estado, y también del poder político, ante el cual los ciudadanos cedemos nuestra libertad, para lograr un orden social y recibir seguridad y protección. El origen y fuente de legitimidad del cambio que hizo el país en el año 1991 fue claro y obedeció a un verdadero acuerdo sobre lo fundamental, que se dio con participación de todos los sectores sociales y logró importantes avances en derechos fundamentales y ciudadanos. Hoy el candidato de la izquierda en Colombia, quien representa aproximadamente al 37% de los votantes, nos dice que quiere a través de un “acuerdo social” profundizar las reformas sociales y estructurales que inició el gobierno actual, mediante la transformación de la Constitución Política de 1991. Entre sus ideas están la democratización de la economía, la distribución de tierras, la transición energética participativa y terminar las reformas de la salud, laboral y pensional así como modificar el manejo de la seguridad en el país. Propone continuar con las políticas del gobierno actual pero, además, incluirlas en el contrato social. La pregunta es: ¿puede el 37% de los votantes colombianos, de manera legítima decidir el futuro del país y de la nación colombiana?

La Constitución Política en sus artículos 374 a 379, describe los mecanismos para el cambio de la norma de normas: decisión del Congreso, Asamblea Constituyente o el pueblo mediante referendo. ¿Cuál es el camino elegido por quienes proponen la “transformación de la Constitución del 91”? Bajo el liderazgo del señor presidente de la República se plantea una Asamblea Popular Constituyente. El profesor Gaona tiene una interesante disertación sobre lo que se debe entender con el apellido “popular”, la cual recomiendo escuchar. En todo caso lo que se dice por parte del gobierno es que la situación actual amerita adicionar unos capítulos nuevos a la Carta Magna. El presidente quiere trabajar en la recolección de al menos 5 millones de firmas para legitimar la propuesta y presentar al Congreso el 20 de julio de 2026, el proyecto de “transformación” del pacto social. Para ello se ha invitado a formar un comité preconstituyente, y buscar el apoyo ciudadano. Incluso se está promoviendo la recolección de dineros entre el público para financiar la tarea política correspondiente.

En el nuevo Congreso que se posesiona el segundo semestre, el partido de gobierno tiene 25 curules en el Senado, y el partido Alianza Verde que apoya la candidatura de la izquierda tiene 11 curules para un total de 36 votos que estarían a favor de estas ideas. En la Cámara de Representantes el partido de gobierno tiene 27 curules y el partido Alianza Verde 9 curules para un total de 36 votos. Cabe preguntarse si estos votos cumplen con la necesaria representatividad de la nación colombiana, como para modificar o “transformar” lo acordado en el año 1991.

Nada de lo descrito parece ajustarse con rigor a los procedimientos que trae nuestra Constitución para su cambio o modificación. Es importante recordar que la Corte Constitucional, es la institución que tiene como propósito la salvaguarda de la Carta Magna y que estaría en posibilidad de declarar inconstitucional un proceso constituyente que no respete los procedimientos previstos en la Constitución.

Sabemos que a partir del 8 de agosto, el señor expresidente Petro, será el gran impulsor de la idea de “transformar” la Constitución y pondrá a prueba su capacidad política y de convocatoria para lograr estos objetivos. Es muy importante que los ciudadanos se informen adecuadamente de los alcances de propuestas como la “democratización de la economía” o la “transición energética participativa”, especialmente quienes laboramos en el sector minero-energético.