La esperada suspensión del POT de Bogotá

La razón del alto tribunal para conceder la suspensión, fue que la competencia para reglamentar el uso del suelo, es un poder que está en manos del Concejo de Bogotá. Por eso, y contrario a lo que alegó el entonces Alcalde Petro para expedirlo por decreto, como medida excepcional, eran necesarias otras circunstancias ya que “fue discutido dentro de los términos establecidos por la ley y negado dentro del trámite normal, ello significa que el Alcalde no estaba facultado para expedir un nuevo POT mediante decreto”. Sobre este particular ya existía pronunciamiento previo por parte del Concejo de Estado y, a pesar de ello, la Administración de la ciudad insistió en continuar por el camino jurídico equivocado.

Desde que la Administración Petro presentó la propuesta para un nuevo Ordenamiento Territorial para Bogotá, por fuera de la periodicidad legal e introduciendo cambios de fondo sobre la organización de la ciudad, se generaron debates. Era evidente que se trataba de algo más que una modificación, porque el proyecto buscaba reemplazar  del todo el POT existente, y permitir usos múltiples en una misma zona, restringiendo la construcción en los límites de Bogotá, promoviendo la idea de centro ampliado, restringiendo las actividades mineras y aumentando las cargas a los constructores que quisieran emprender nuevos proyectos, entre otros. 

Finalmente, hoy la situación para muchos se despeja, ya que  con este decreto suspendido provisionalmente, se evita su aplicación,  y vuelve a revivirse el Decreto 190 de 2004, sin las incertidumbres y afectaciones que se habían creado para muchos sectores. La medida de suspensión provisional se registra con complacencia, más que todo por la industria de la construcción, que se sentía muy afectada. Por ello, las demandas fueron mayormente promovidas por dicho sector. Sin embargo, no han sido los únicos perjudicados. Otras actividades económicas, también se vieron afectadas por los conceptos de uso de suelo que se expidieron por parte de Planeación Distrital, con base en dicho POT, dado que se restringió la posibilidad de obtener los permisos ambientales requeridos para su funcionamiento. El POT de la Administración Petro, solo tuvo en cuenta los temas ambientales desde la perspectiva de la conservación, pero no del desarrollo sostenible.

Algunos opinan que el POT suspendido establecía unas políticas claras en materia ambiental, sin embargo eso no fue del todo cierto. Se omitió considerar a las actividades productivas y sus permisos ambientales, de manera que pudieran obtener y renovar tales autorizaciones  para seguir laborando v.gr. el sector industrial. Fueron varios los casos en los cuales los conceptos de uso de suelo desfavorables, impidieron la expedición de los permisos ambientales requeridos. 

Pero con la suspensión del decreto, tampoco se resuelve el problema, ya que persiste incertidumbre sobre si es necesario volver a tramitar el correspondiente concepto de uso de suelo,  para  nuevamente solicitar el permiso ambiental,  o si por el contrario, resultaría valido pedir a la Secretaria Distrital de Ambiente, la reconsideración del trámite, teniendo en cuenta que los usos del suelo volvieron a ser aquellos señalados en el decreto del año 2004.

Es entonces necesario, hacer una evaluación juiciosa y proceder a revisar qué otros sectores se vieron afectados con el POT, pues en Bogotá hay actividades de gran importancia económica además del sector de la construcción, como las  industriales y las  extractivas, que deben seguir contribuyendo al crecimiento de la capital. Como lo indica Martha Moreno, Gerente de Camacol “lo que debemos hacer entre todos, es establecer las bases para generar las modificaciones o normas nuevas que garanticen una planificación a futuro, que generen el modelo de ciudad que le dé a Bogotá, el desarrollo y prosperidad que merece”. 

De otra parte, ojalá la sentencia definitiva no tarde mucho, ya que la suspensión no  da la certeza necesaria respecto al futuro que tendrán los proyectos para los que ya se habían hecho trámites de solicitud de licencia de construcción, bajo la vigencia del decreto Petro, ni sobre cómo darle continuidad a aquellos proyectos que habían sido descartados bajo ese mismo Ordenamiento. Por ello, la incertidumbre que ha vivido la ciudad desde hace meses, no terminará hasta que el alto tribunal no tome una decisión de fondo.