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miércoles, 14 de mayo de 2014

La respuesta a la anterior pregunta, sigue siendo para los especialistas “un limbo jurídico” con poca certeza. Esta fue la conclusión de un álgido debate realizado a finales del mes de abril en Bogotá, en el que algunos representantes del Estado intentaron resolver el interrogante, en un espacio coordinado por la Organización de Justicia y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

No es claro por qué a pesar de la existencia del Decreto 934 de 2013, que advierte que los alcaldes y concejales no podrán tomar decisiones sobre el subsuelo de sus municipios porque este le pertenece a la Nación, algunos siguen pensando que el tema no ha sido definido, cuando el Gobierno Nacional expresamente reglamentó la materia. El problema radica en el desacato a la ley vigente por parte de algunas autoridades del país.

Mientras los alcaldes consideran que las consultas populares que han venido realizándose en los municipios de Piedras (Tolima), Tauramena y Monterrey (Casanare) están amparadas por la Constitución, las empresas se han ceñido a la norma vigente. Y si bien, como lo indica Cesar Rodríguez miembro de Justicia, no puede desconocerse la importancia que tiene la deliberación con las comunidades acerca de la realización de los proyectos mineros, lo cual puede funcionar como un mecanismo de concertación, tampoco puede desconocerse la existencia de la Ley.

Bajo este panorama los representantes de los empresarios piden que el Gobierno sea más claro y defina una lista de tareas puntuales para desarrollar proyectos mineros-energéticos en el país, debido a que algunas concesiones que ya han sido aprobadas ahora se frenan por la oposición de la comunidad y de algunas organizaciones civiles, lo cual ha generado que en los últimos dos años más de 42 empresas hayan decidido retirarse de Colombia por falta de garantías.  

Santiago López Vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, ha manifestado que “Colombia ha perdido puntos en los rankings de inversión internacionales porque las empresas llegan al país bajo unas reglas que luego cambian. Se ha estigmatizado la explotación de minerales e hidrocarburos, diciendo que aquí van a ganar las compañías y a perder las poblaciones, aquí opina el que quiera, muchas veces desde el desconocimiento.”

Así la cosas, la población no puede seguir pensando que las actividades extractivas únicamente benefician a las empresas privadas y perjudican a los ciudadanos, cuando el país depende del sector minero-energético para su desarrollo. Hoy los municipios cuentan con información inexacta sobre el sector que facilita la oposición masiva a los proyectos y utilizan de manera errónea los mecanismos de participación ciudadana como instrumento para limitar la realización de actividades mineras y petroleras, a pesar de existir una reglamentación al respecto. Los alcaldes pretenden desconocer la normatividad vigente amparados en una interpretación amañada de la Constitución Política que ha hecho que el tema siga siendo objeto de debate.

Para algunos el país primero tiene que resolver la “ingenua y peligrosa separación” entre el suelo y el subsuelo que le pertenecen al municipio y a la Nación, otros proponen modelos internacionales para que proyectos mineros y petroleros sean debatidos en el Congreso y sea éste el que defina qué zonas se quieren dedicar a cada actividad y que otras quieren blindarse,  o en su defecto sean grupos de expertos, empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil los que generen políticas públicas frente a las actividades de extracción minera y de hidrocarburos.

Hoy y a pesar de los pronunciamientos del Gobierno Nacional y de la reglamentación existente, el asunto sigue permeando las esferas políticas, académicas y de participación ciudadana. La falta de una política pública clara, ha hecho que la normatividad no sea acatada y predominen las percepciones personales, lo cual dificulta encontrar una salida concertada al debate.