Carreras con Aval

Hace poco el presidente de la federación colombiana de atletismo indicó que cualquier carrera que se desarrolle en las calles de cualquier ciudad debe contar con el “Aval” de la Federación Colombiana de Atletismo si se trata de una carrera internacional o por la el de la liga departamental del lugar si se trata de una nacional, esto recogido en la resolución 002 del 27 de enero de 2025 que hasta errores de ortografía y redacción tiene. Resulta compleja esta restricción de la libre iniciativa privada; exigir un aval federativo para cualquier carrera callejera impone un monopolio organizativo que limita la autonomía de promotores independientes, incluso cuando no hay interés competitivo. Este aval no tiene ninguna justificación desde el punto de vista jurídico, organizativo o deportivo, no sirve para nada, solo para enriquecer a la Federación Colombiana de Atletismo por no hacer nada pues el aval no implica labor alguna.

Por lo costoso este aval es un abuso de posición dominante que genera una barrera de entrada para actividades recreativas o comunitarias que no pretenden integrar un calendario oficial ni producir marcas válidas pero que pueden contar con muchos interesados en participar.

Las tarifas por aval, más otras exigencias (seguros, jueces, cronometraje homologado, etc.), elevan los costos de una carrera y desincentivan la organización de eventos locales o barriales que buscan realizar eventos para que quien quiera corra y disfrute. El procedimiento de aprobación del aval tiene criterios ambiguos y está sujeto a la discrecionalidad de la Federación hecho que hace bastante oscuro todo el otorgamiento de este. ¿cuál es la necesidad del aval?, ¿qué avala la federación? ¿cuál es el beneficio que tiene una carrera que avala la federación?

Una carrera como la Media Maratón de Bogotá —el evento atlético más importante del país, con una organización profesional y décadas de experiencia— debe pagar más de $50 millones a la Federación Colombiana de Atletismo solo por el aval. No se trata de una contribución simbólica ni de un acompañamiento técnico justificado: es una suma altísima que no se traduce en apoyo logístico, infraestructura, gestión de calles ni acompañamiento operativo real. La Federación no presta jueces, no monta vallas, no gestiona el espacio público ni provee servicios médicos, pero exige una tajada millonaria del evento simplemente por “autorizarlo”. Este tipo de cargas impuestas por resoluciones internas, sin contraprestación visible, parecen más un peaje obligatorio que una regulación razonable que terminan funcionando como un impuesto privado a la actividad deportiva.

El dichoso aval lo debe tener cualquier carrera, la del bazar de un barrio o la maratón de Medellín. ¿cuál es la necesidad que una competencia puramente recreativa deba gastar una suma importante de dinero simplemente para obtener un permiso que nada agrega? Como todo por estos lados, la idea es regular y sobre regular, avales, permisos, estampillas y por supuesto la fotocopia al 150% de la cédula de alguna persona.

Lo más complejo es que si un atleta participa en una carrera sin aval puede ser sancionado, un claro abuso de posición dominante. El fútbol debió ceder a ya no puede sancionar jugadores que participen en torneos no federados como la Copa Trinche. Es el momento de hacer algo para que la federación no cobre por no hacer nada y además amenace a los deportistas. ¿Será que la SIC hará algo al respecto para evitar este abuso de posición dominante?