Por estos días me viene a la mente una reflexión de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en su reconocido libro The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay. Allí advierten que incrementar las tasas impositivas máximas, sin acompañar esa medida con cambios en la ley para la administración fiscal, resulta contraproducente debido a la existencia de mecanismos de evasión. Señalan que, antes de gravar con mayor eficacia a los más ricos, es indispensable reducir la evasión y crear instituciones que garanticen la sostenibilidad de un sistema tributario sólido en el largo plazo, más aún en un contexto de desigualdad.
Con la ley de financiamiento el Gobierno busca cubrir el presupuesto de 2026 con mayor presión fiscal. En efecto, el proyecto de presupuesto presenta un gasto total de $557 billones que depende en $26,3 billones de esta ley de financiamiento. Dicho presupuesto debe ser aprobado por el Congreso a más tardar el 20 de octubre, lo que implica que, en caso de no prosperar, será aún más difícil que se apruebe la ley de financiamiento. Resulta claro que la estrategia fiscal del Gobierno presenta al menos tres contradicciones de peso para la construcción de una política fiscal coherente.
Primera. Reducción del gasto tributario sin racionalizar los demás gastos del Estado. Aunque la ley de financiamiento propone disminuir el gasto tributario mediante la eliminación de beneficios en el IVA y en el impuesto de renta de personas naturales, así como de beneficios dirigidos a sectores específicos como hotelería, energías renovables y construcción, el proyecto de presupuesto mantiene un volumen de gastos que debería ser ajustado. Un ejemplo de ello es que el gasto de funcionamiento aumenta de 329.275 a 365.765 miles de millones de pesos entre 2025 y 2026, mientras que el gasto de inversión solo crece de 83.966 a 88.760.
Segunda. El sistema tributario genera una serie de expectativas que terminan siendo nugatorias por su propio funcionamiento. Una persona natural asalariada confía en poder tratar como renta exenta el valor de los aportes realizados a cuentas AFC, siempre que no superen el 30% de su ingreso laboral anual y hasta un máximo de 3.800 UVT por año. Asimismo, espera deducir los intereses pagados por la adquisición de vivienda hasta un tope de 1.200 UVT anuales. Sin embargo, la ley de financiamiento mantiene intacto el límite global de rentas exentas y deducciones, fijado en 1.340 UVT anuales, y elimina beneficios que remedian esta injusticia, como la deducción adicional de dependientes y el componente inflacionario de los rendimientos financieros.
Tercera. Financiación para el gasto público y generación de desigualdad en una misma ley. El proyecto busca financiar el gasto público con la idea de reducir la desigualdad, pero varias medidas logran lo contrario: el alza del IVA a gasolina y ACPM encarece bienes básicos que afectan más a los pobres, mientras que la normalización tributaria y las amnistías favorecen a los más ricos incumplidos y fomentan la evasión.
En ese sentido, esta sería una reforma más transitoria que necesaria, y más enfocada en recaudar que en garantizar la justicia tributaria. La transformación de nuestro sistema tributario debe abordarse desde una perspectiva estructural, con el fin de volverlo más neutral, equitativo y competitivo, sin dejar de lado la imprescindible discusión sobre la reorientación del gasto público para que tenga verdaderamente un carácter progresivo.
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