martes, 5 de marzo de 2024

En el complejo entramado del sistema judicial, se ha gestado una corriente de pensamiento conocida como antiprocesalismo, la cual desafía las convenciones arraigadas en torno a la vinculación de los jueces a las decisiones judiciales. Esta teoría, en su núcleo, sostiene que un auto o decisión ilegal no ata al juez, otorgándole así una amplia libertad para actuar de manera independiente, siempre conforme a la ley y la justicia.

El antiprocesalismo, en su esencia, cuestiona la idea de que los jueces deben estar vinculados de manera inexorable a las decisiones previas, incluso cuando estas adolecen de errores evidentes o son contrarias a derecho. Este enfoque propugna por la autonomía del juez, considerándolo como un actor clave en la búsqueda de la verdad y la justicia, más allá de las formalidades procesales.

Uno de los principios fundamentales que respalda el antiprocesalismo es el de la independencia judicial. Se argumenta que los jueces deben gozar de una completa libertad para interpretar y aplicar el derecho de manera imparcial y objetiva, sin estar constreñidos por decisiones previas que puedan ser contrarias a los principios fundamentales de la justicia.

En el contexto de esta teoría, se plantea que un auto o decisión judicial ilegal no debe ser considerado como una fuente de derecho que vincule al juez en futuros casos similares. En lugar de ello, se defiende que los jueces tienen el deber y la responsabilidad de corregir y rectificar aquellas decisiones que contravengan el ordenamiento jurídico, garantizando así la primacía del derecho y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es importante señalar que el antiprocesalismo no aboga por un ejercicio arbitrario del poder judicial, sino más bien por una interpretación dinámica y contextualizada del derecho, en la que se valora la realidad de cada caso concreto y se busca alcanzar una solución justa y legalmente adecuada. En este sentido, se reconoce la necesidad de establecer mecanismos de control y rendición de cuentas que salvaguarden la integridad del sistema judicial.

No obstante, el antiprocesalismo no está exento de críticas y controversias. Sus detractores argumentan que esta postura podría abrir la puerta a una interpretación subjetiva y arbitraria del derecho, socavando así la seguridad jurídica y la certeza del ordenamiento jurídico. Además, se plantea que una excesiva discrecionalidad judicial podría generar inseguridad y desconfianza en la población respecto al sistema judicial.

Personalmente, considero que Colombia tiene una oportunidad de generar un sistema de administración de justicia que por fin, responda a las necesidades de los administrados. Suficientes son las situaciones que derivan en los índices de litigiosidad que conocemos, para que además el administrado deba soportar los posibles errores judiciales que, aún siendo detectados, se consideran inmodificables según la doctrina clásica.

En conclusión, la teoría del antiprocesalismo representa un desafío interesante a las concepciones tradicionales sobre la vinculación de los jueces a las decisiones previas. Si bien sus postulados pueden resultar controvertidos, abren un espacio de reflexión sobre la autonomía judicial y la búsqueda de la justicia en un contexto legal en constante evolución. La clave radica en encontrar un equilibrio entre la independencia judicial y la necesidad de mantener la coherencia y la estabilidad del sistema jurídico.

*Andrés Felipe Padilla Isaza, Director de Litigios e Insolvencia Empresarial