sábado, 6 de junio de 2015
En Colombia el uso del fracking es una alternativa que podría aumentar las reservas de petróleo, las cuales están proyectadas para siete años si no se encuentran nuevos yacimientos. No obstante, esta práctica de exploración ha abierto el debate entre los empresarios, quienes ven en este método una luz de esperanza para la industria, y los ambientalistas, quienes buscan proteger el ecosistema y las fuentes hídricas de los daños que pueda causar esta agresiva técnica (empleo de químicos, arena y agua a presión).
Bajo ese escenario, hasta qué punto expertos, normativa, Gobierno y empresas del sector de hidrocarburos están preparados para el empleo del fracking seguro en Colombia, sin causar daños irreversibles al medio ambiente y población?
Según un estudio reciente de la Universidad Estatal de Pennsylvania, reveló que debido al empleo de químicos tóxicos, liberación de gas metano y fracturación de la tierra, se ha encontrado residuos contaminantes en el agua subterránea que se distribuye a la población cercana a los lugares de extracción, con aumento de movimientos sísmicos.
A pesar de ello, Colombia con la expedición de la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía, la Resolución 421 de 2014 del Ministerio del Medio Ambiente y el Acuerdo 03 de 2014 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fijó, antes de iniciar cualquier actividad en campo, el marco regulatorio base para darle viabilidad al fracking, al establecer los requerimientos técnicos, cuidados ambientales y procedimientos que deben cumplir los contratistas y expertos para la exploración y producción de yacimientos convencionales y no convencionales de hidrocarburos dentro del territorio nacional.
Sin embargo, existen diversas preocupaciones por las nocivas consecuencias que pueda causar esta técnica al país, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ambiental, social y de salud pública, pues a pesar que los defensores del fracking sostienen que es un método seguro y controlable, los detractores advierten que el Gobierno no está preparado para fiscalizar con éxito el cumplimiento de los procedimientos y operaciones, así como tampoco cuenta con los estudios suficientes, debido al corto tiempo y carencia tecnológica para conocer y determinar si los posibles riesgos y efectos son aceptables o catastróficos.
De allí que varios países han optado responsablemente por retrasar la adopción de normas y prácticas de fracking, con el fin de obtener mayor información y fijar mejores procedimientos a cambio de evitar posible daños irreparables.
Si bien los hidrocarburos son esenciales e importantes para el desarrollo de la sociedad y economía actual, un tema tan sensible como este no puede ser abordado sólo desde la óptica regulatoria, dado que existen diversos factores y elementos técnicos e institucionales que deben afianzarse antes de dar vía libre a una actividad, que no solo puede llegar a comprometer la integridad de la población, sino también la seguridad ambiental del país.
