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OPINIÓN

La constitución de Philippi, Prietocarrizosa & Uría

07 de enero de 2015

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Desde una perspectiva global, la creación de una firma como PPU responde a la progresiva integración económica entre los países de la Alianza del Pacífico y a los crecientes flujos de comercio e inversión entre esta región y el mundo. En la medida en que se incrementa el número y actividad de firmas multilatinas, adquiere sentido la prestación de servicios jurídicos en este marco transnacional con características propias. Por otra parte, en cuanto a las relaciones empresariales de España con los países de la Alianza, y con Colombia en particular, cabe destacar la creciente implantación e interés de las empresas españolas en el mercado colombiano, a la par que España se convierte en destino de la inversión de algunas de las principales empresas de la región. Según el Instituto de Comercio Exterior de España -que solo recoge la inscripción voluntaria de empresas españolas-, a día de hoy hay establecidas 237 empresas españolas en Colombia, y se estima que el total de empresas pueda superar las 400, la mayoría de las cuales centran su actividad en los sectores asociados a la construcción e ingeniería.

Más allá del contexto económico que favorece la integración, la constitución de este tipo de firmas amplía las posibilidades de ofrecer servicios jurídicos de alta calidad con base en la estrecha colaboración entre abogados de distintas jurisdicciones y el intercambio de know-how. En efecto, desde la óptica diaria del asesoramiento legal la integración de distintas firmas de abogados conlleva ventajas que redundan en beneficio de la prestación de servicios jurídicos para el cliente. 

Una de las cuestiones más visibles en el contacto con el cliente se refiere al acompañamiento en los proyectos desarrollados en la región. Las organizaciones empresariales no suelen disponer de una estructura directiva completa en el país donde se pretende desarrollar un determinado proyecto o se requiere un determinado servicio jurídico. De hecho, es habitual que los centros de decisión estén centralizados en el país de origen de la compañía, de forma que los directivos no se encuentran familiarizados con el entorno jurídico en el que deben tomar decisiones, disfunción que lógicamente no sucede en otros campos del asesoramiento necesarios para la expansión internacional de las empresas (financiero, logístico, etc.). Frente a dicha realidad, la colaboración entre abogados de distintas jurisdicciones facilita el entendimiento del Derecho y la toma de decisiones, máxime cuando las firmas de abogados incorporan abogados extranjeros de la jurisdicción del cliente que comparten un mismo lenguaje.

Pero lo que aporta mayor valor añadido es la posibilidad de compartir experiencias en numerosas áreas del Derecho con base en las distintas prácticas desarrolladas en cada jurisdicción. Es relevante, en el caso de Colombia, referirse al ámbito de la provisión de infraestructuras, que el Gobierno ha priorizado mediante la aprobación de ambiciosos planes de infraestructuras de transporte, y la actualización del marco normativo aplicable desde 2012, al objeto de cubrir el déficit histórico de infraestructuras que condiciona el crecimiento del país y la competitividad de las compañías. 

Se trata de un área en la que se ha desarrollado una experiencia importante en el ámbito de la Unión Europea (tanto en el marco comunitario como de los Estados miembros) y que sin duda Colombia puede aprovechar omitiendo sus debilidades, e incorporando y perfeccionando los aspectos que más se ajusten a las características de su sector público y privado, creando un modelo colombiano de colaboración público privada. Asimismo, el desarrollo de formas diversas de colaboración público privada no solo parece deseable en el ámbito de las infraestructuras de transporte sino también en la prestación de servicios de salud, servicios sociales y provisión de equipamientos públicos, siempre que se verifique la concurrencia de ventajas asociadas a la participación del sector privado.

En definitiva, a la vista del contexto regional y de las sinergias apuntadas, la creación de firmas de abogados transnacionales como PPU reúne lo necesario para afrontar con éxito los retos en asesoramiento jurídico que se plantearán en los próximos años en Colombia y demás países de la Alianza del Pacífico.

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