jueves, 1 de junio de 2017
Los Bonos de Impacto Social buscan obtener financiación para desarrollar programas gubernamentales de naturaleza social dirigidos a personas o comunidades vulnerables o con necesidades puntuales.
Su repago es realizado por la entidad gubernamental, pero sujeto al éxito del programa, y determinado con base a unas métricas que se definen en la estructuración.
En los proyectos asociados a los Bonos de Impacto Social participan distintas entidades con diferentes roles.
En primer lugar, debe participar la entidad gubernamental, que es la que contratará el servicio y pagará por el mismo si se comprueba que se cumplieron las metas. Justamente para efectos de verificar las metas y el cumplimiento de los objetivos, debe también participar una entidad evaluadora independiente que le imprima al proceso un sello de transparencia y objetividad. Debe haber también un operador o un prestador del servicio, que es quien se encarga de ejecutar el programa. Finalmente, un inversionista privado, que es quien desembolsará los recursos y recibirá su pago contra la verificación de que los resultados fueron alcanzados.
Ahora bien, el éxito del proyecto que se financia a través de los Bonos de Impacto Social es totalmente dependiente de la estructuración del programa y del operador, ya que el pago de los recursos desembolsados por el privado solo se realiza si se cumplen las metas previamente definidas. El privado, al asumir el riesgo del impacto buscado por el programa financiado, se involucra en la selección del prestador del servicio, en el diseño del programa, en el seguimiento y vigilancia de su desarrollo, y en la supervisión de la gestión de los recursos. En la medida en que el diseño y la ejecución del programa por parte del operador sean efectivos, no solo se repaga la financiación, sino que la sociedad obtiene el beneficio buscado a través del proyecto.
Los beneficios para las entidades públicas son evidentes. En efecto, el Bono de Impacto Social permite al gobierno resolver problemas de ejecución de políticas públicas sin tener que buscar recursos por anticipado. Si el programa es exitoso, el Gobierno ahorra recursos que tendría que gestionar más adelante para corregir los problemas que no fueron atendidos a tiempo; dicho ahorro servirá de fuente de repago para el inversionista privado. También, permite al Gobierno trasladar el riesgo de la gestión de los programas de prevención al privado, lo que le permite enfocarse en asuntos que requieran atención prioritaria. Finalmente, los Bonos de Impacto Social se convierten en una de las herramientas que le permiten al Estado cumplir con los fines esenciales de su creación.
Lo que es más relevante de los Bonos de Impacto Social, sin embargo, es el beneficio para la sociedad. La atención preventiva de comunidades vulnerables y desatendidas mediante la gestión de programas de alta calidad desarrollados por expertos, financiados por privados y pagados por el Estado únicamente contra resultados exitosos, no puede sino traducirse en una sociedad más incluyente, eficiente y responsable.
