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OPINIÓN

Las deudas que no se pagan

16 de septiembre de 2013

Canal de noticias de Asuntos Legales

El desdén de los servidores públicos que representan al Gobierno en el manejo de los deberes de su competencia, que generalmente están en relación directa con asuntos de interés general, o de empresarios del sector privado con responsabilidades de ese mismo orden, agudiza muchos de los problemas del país. Es factor de acumulación de necesidades insatisfechas, con su correspondiente carga explosiva y estimula el represamiento de las carencias y de los desajustes económicos y sociales.

El incumplimiento de los fines del Estado, definidos en la Constitución, ha dejado un abultado saldo en rojo. Es una deuda desbordada, de la cual están pasando las correspondientes cuentas de cobro los campesinos y otros sectores de la población nacional. El tiempo de la resignación se les agotó. La exclusión y el marginamiento, que ha puesto a muchos colombianos en la pendiente de la frustración, es una negación de sus derechos. La pobreza, el desempleo y la incertidumbre en que están sumidos, los deja en la condición de ciudadanos atados a la incertidumbre. 
Pretender ocultar esa cruda realidad es echarle más leños a la hoguera, cuando lo procedente es tomar en cuenta los desvíos consentidos y consumados en el pasado y ejecutar los programas que aporten soluciones si en verdad se quiere hacer buen Gobierno. 
El presidente Santos debe asumir los retos. Tiene que comenzar a pagar la deuda pendiente con voluntad de cumplimiento y de acierto, sin más alargue de plazos. Hay que poner al día esas obligaciones porque las brechas en tantos frentes tienen que cerrarse cuanto antes. Es parte de la construcción de la paz y del fortalecimiento de la democracia, como prioridades que son. 
En cuanto se refiere a Norte de Santander la deuda pendiente de la nación es igualmente cuantiosa. La reconstrucción de Gramalote, el plan de desarrollo del Catatumbo, con reparación de víctimas y restitución de tierras, incluidas; el mejoramiento de infraestructura vial; la sostenibilidad de las políticas fronterizas y las ayudas para poner en marcha iniciativas productivas que mejoren la economía, no pueden seguir a cuentagotas, con recursos que no alcanzan para ejecutar lo previsto. Esos incumplimientos son perturbadores y configuran engaños en detrimento no solamente de lo que se acuerda o promete sino también de la credibilidad de las autoridades o de los dirigentes, como se está viendo en las encuestas de las últimas semanas. 
Al país no le cabe más demagogia. Tampoco el disco rayado de promesas electorales, ni las audacias de embaucadores disfrazados de próceres. Se necesita un Gobierno que no caiga en lo errático y garantice políticas ajenas a los círculos de privilegios. Un Gobierno que proteja los intereses de la nación y no se deje arrastrar por las presiones de minorías que basan su poder en la violencia y el dinero. 
El país será viable y saldrá del laberinto en la medida en que el Gobierno salve su legitimidad con decisiones que fortalezcan la democracia, con todo cuanto esto representa. 
PUNTADA 
La cumbre mundial de afrodescendientes que se inició en Cali y terminará en Cartagena amplifica la voz contra la perversión del racismo, que todavía tiene expresiones en sectores que no han asimilado el respeto y los derechos reconocidos a todas las personas, sin distinción de etnia, credo religioso, principios filosóficos, el nivel de sus conocimientos o su condición sexual. Es un encuentro en la dirección de una sociedad libre de oscurantismos y de prejuicios. 

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