miércoles, 7 de agosto de 2013

Los derechos de propiedad intelectual, entendiendo que comprenden los signos distintivos, patentes, diseños industriales y derechos de autor, constituyen uno de los activos con mayor potencial para generar valor agregado a las empresas.

La versatilidad y margen de protección que estos brindan, los convierten en una herramienta estratégica para incursionar en nuevos mercados y explotar oportunidades de negocio. Es por esto que la gestión de la propiedad intelectual debe hacer parte de las decisiones económicas que toman los empresarios al interior de sus organizaciones, y no puede delegarse exclusivamente a los departamentos legales o a asesores externos.

El diseño de la estrategia de protección de los resultados del proceso de innovación debe llevarse a cabo de manera conjunta por el área de mercadeo, el grupo de investigación y desarrollo, los empresarios y los abogados expertos en propiedad intelectual. Esto con el fin de alinear las intenciones económicas con las opciones legales disponibles para consolidar los derechos de propiedad intelectual en cabeza de las empresas. Para obtener una protección integral de los desarrollos, orientada a la generación de valor agregado, se hace necesario que los empresarios suministren información clara, detallada, y sobre todo oportuna, a los abogados sobre la finalidad comercial de los desarrollos objeto de protección. Solo de esta manera los abogados expertos en la materia podrán identificar la estrategia de protección más adecuada y útil para alcanzar los objetivos económicos propuestos por los empresarios, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

De igual forma, el área de mercadeo, el grupo de investigación y desarrollo, y los empresarios deben participar conjuntamente con los abogados expertos en propiedad intelectual durante las etapas de ejecución de la estrategia de protección y explotación de tales derechos. En efecto, esta explotación debe estar alineada en todo momento con los intereses económicos que han elaborado los empresarios para cada negocio. Una forma de garantizar que el uso y la explotación de los derechos de propiedad intelectual se realicen conforme a la estrategia comercial, es contar con una política al respecto. Esta política debe identificar el objeto de protección; a saber, un producto, un servicio, un procedimiento. Igualmente, deben definir el ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual, así como establecer buenas prácticas que rijan su uso, explotación y ejecución.

Aunado a lo anterior, de manera periódica los empresarios deberían solicitar a los abogados auditorías legales (due diligence) sobre el portafolio de derechos de propiedad intelectual, con el fin de monitorear el estado actual del mismo y verificar que constituya un apoyo efectivo para la estrategia comercial. Una adecuada gestión de este portafolio podría traer, entre otros, beneficios tributarios para las empresas. Así mismo, la vigilancia permanente al portafolio permite a los empresarios prever situaciones que puedan impactar al negocio, y tomar las medidas necesarias para sortear las consecuencias de manera favorable para la empresa.

Una adecuada gestión de los derechos de propiedad intelectual genera grandes beneficios económicos a las empresas. Por lo tanto, los empresarios deben lograr integrar y coordinar las actividades desplegadas por las diferentes áreas que intervienen en el proceso de la creación y comercialización de los productos y servicios que ofrecen las organizaciones, con la estrategia de protección de los derechos de propiedad intelectual que elaborarán los abogados. Esta integración permitirá concretar una protección orientada a generar valor agregado para las empresas que les otorgue una ventaja competitiva en el comercio, de forma tal que logren diferenciarse de sus competidores y posicionarse en el mercado.