Prohibir la IA en un contrato es prohibir lo indemostrable

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Desde el 2 de agosto, el texto que produce Claude sale marcado. Anthropic anunció esta semana que incrusta en sus respuestas una señal imperceptible y legible por máquina y que a los archivos generados les adjunta metadatos de procedencia firmados bajo el estándar C2PA. El marcado aplica dondequiera que se ofrezca el producto, en todo el mundo, y cubre desde la aplicación de consumo hasta las versiones distribuidas por los grandes proveedores de nube. Dicho de otro modo, la calculadora empezó a firmar el resultado que arroja.

La decisión responde a una obligación regulatoria y no a un juicio sobre quien usa la herramienta. El artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea impuso deberes de transparencia que entraron a regir ese mismo 2 de agosto, con sanciones de hasta 15 millones de euros o 3% de la facturación anual global. Lo que el régimen persigue son los contenidos sintéticos que circulan como auténticos. Nada de eso apunta al informe de un consultor.

La dificultad aparece al leer la letra menuda, porque la propia Anthropic advierte que su marca no prueba lo que muchos van a creer que prueba. La compañía reconoce que una marca detectada no constituye evidencia concluyente de que su modelo produjo el contenido y que la ausencia de marca tampoco garantiza que no hubo intervención de inteligencia artificial. La señal falla en las dos direcciones y quien lo dice es quien la instaló.

Falla además por una razón de fondo: mide contacto, no autoría. Un borrador escrito por una persona, que después pasó por la herramienta para corregirle la puntuación, puede salir con la misma marca que un texto generado desde cero. En sentido contrario, una reescritura intensa puede dejarla sin rastro y en archivos basta una conversión de formato para borrarla. El resultado es perverso. Queda marcado el profesional que trabajó de forma transparente y legítima y queda limpio el que se tomó “lavó el texto.”

Sobre esa señal van a empezar a construirse cláusulas contractuales. Ya circulan en contratos de servicios profesionales prohibiciones de usar inteligencia artificial en los entregables y la marca les dará una apariencia de verificabilidad que no tienen. Una cláusula así arranca sin objeto definido, porque nadie precisa si eso incluye revisar la ortografía o buscar una sentencia. Sigue con una prueba imposible, porque el proveedor tendría que acreditar un hecho negativo mientras el cliente se apoya en un indicio que el fabricante desautoriza y termina premiando la opacidad.

Existe una manera más simple de proteger lo que esas cláusulas persiguen y consiste en volver a lo de siempre. El contrato puede exigir exactitud y hacer responsable al proveedor por los errores del entregable, impedir que información confidencial salga hacia sistemas de terceros no autorizados, que es la preocupación legítima detrás de esta discusión, y pedir garantías sobre titularidad y originalidad. Todo eso se verifica y se reclama. La abstinencia tecnológica no.

Esta columna pudo haber pasado por una herramienta de inteligencia artificial y llevar la marca. Eso no cambia quién responde por cada afirmación que contiene ni a quién habría que reclamarle si alguna resultara falsa. La firma nunca certificó el instrumento, certificó a la persona que decidió entregar el documento y aceptar las consecuencias de hacerlo. Esa fue siempre la parte que importaba y ninguna marca invisible la reemplaza.